Industriales del sector automotor explicaron que ellos pugnan por la regularización de los ‘autos chocolate’, pero no mediante un ajuste a la ley, como se propuso desde la Cámara de Diputados, sino con un llamado desde el Ejecutivo en un plazo de alrededor de 6 meses.

El pasado viernes, a propuesta del diputado sonorense Manuel López Castillo, se añadió un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación 2020 que plantea que los legisladores armonizarán la Ley Aduanera y otras leyes relacionadas para facilitar la regularización de vehículos extranjeros internados irregularmente en el país.

El diputado alegó que esta medida podría significar una recaudación de hasta 50 mil millones de pesos para los gobiernos federal, estatales y municipales, en tanto que daría la oportunidad de normalizar su actividad a entre 10 y 18 millones de unidades que circulan fuera de la legalidad en el país.

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El problema, advierten los industriales, es que un cambio a las leyes permitirá aumentar el ingreso de estos vehículos irregulares y afectará gravemente al mercado interno.

“Va a dejar de generar empleos, va a dejar de generar impuesto sobre la renta, impuesto sobre el valor agregado, impuesto sobre automóviles nuevos”, criticó Guillermo Prieto, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Por ello, advirtió este lunes que los industriales del sector automotor llevan semanas trabajando con autoridades federales para implementar un mecanismo para facilitar los trámites administrativos a los poseedores de estas unidades.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, distintas agrupaciones han abogado con el gobierno federal que a través de la Secretaría de Hacienda se puedan otorgar facilidades administrativas a los dueños de estos autos, de manera que tramite la estancia legal de sus vehículos sin que tengan que salir del país.

Sin embargo, consideraron que la presentación de este artículo transitorio en la Ley de Ingresos representa un ‘albazo’, luego de las más de 6 reuniones que tuvieron con el equipo de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, para tratar el tema de la importación de vehículos y la aplicación de una medida como la agregada a la LIF.

“Lo que sucedió el viernes sí es un albazo a lo que nosotros veníamos platicando con las autoridades.

“Estuvimos en el CCE, donde el secretario de Hacienda manifestó que esto no iba a suceder, que se iban a analizar las cosas. La secretaria de Economía también comentó de este tema, que no iba a haber una situación como la que se presentó el viernes”, lamentó Prieto.

Actualmente, la Ley Aduanera establece que los autos importados desde Estados Unidos y Canadá tienen que pagar un arancel correspondiente al 10% del valor del vehículo si tienen antigüedad de entre 8 y 9 años, o de 5 a 9 años para residentes de la franja fronteriza.

Además, deben cumplir con ciertas condiciones para su importación definitiva, como no haber sido pérdida total, chocados, aplastados, desmantelados, no reparables, afectados por inundación y otras excepciones establecidas por el SAT.

 

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