Aunque la aplicación de medidas penales en contra de las personas morales que compran facturas falsas inicia en enero de 2020, siete empresas ya pagaron 2,000 millones de pesos con el objetivo de reparar el daño al erario y evitar acciones penales en su contra.

Además, estas compañías están proporcionando información a la Procuraduría Fiscal Federal y la Fiscalía General de la República sobre las organizaciones que generan las facturas falsas, con el objetivo de ser eximidas de toda acción penal.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene el carácter de víctima ofendido, una vez que se firme el acuerdo reparatorio ante la Fiscalía General de la República se exime cualquier acción penal y con eso se tiene por debidamente satisfecho el daño causado a la Secretaría”, detalló Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación.

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Esta es una señal de la potencia de la reforma aprobada el pasado 16 de octubre en el Congreso de la Unión y publicada el 8 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, aseguró Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Lo que esto (la reforma fue aprobada por los Diputados) estimuló fue un periodo de autocorrección de diversas empresas que se han venido acercando en primera instancia al SAT y luego a la Procuraduría Fiscal de la Federación para corregir su situación fiscal, esto ha dado resultado aún antes de entrar en vigor de la Reforma en una recaudación de un poco más de 2,000 millones de pesos”, afirmó el secretario federal en conferencia de prensa.

Las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la de Seguridad Nacional, así como los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal y en esencia, se enfoca en equiparar el uso e facturas falsas o la operación de empresas fantasma a una amenaza a la seguridad nacional y delincuencia organizada.

De acuerdo con la modificación avalada, serán considerados miembros de la delincuencia organizada a quienes, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

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En este mismo rubro entrarían las personas que en sus declaraciones fiscales presenten deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes.

Se impondrán sanciones de tres a cinco años de prisión a quienes alteren o destruyan los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito para el que fueron colocados, las máquinas registradoras de operación de caja en las oficinas recaudadoras o a quienes adquieran comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Además se impondrían sanciones de dos a nueve años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

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