En América Latina y el Caribe, del total de mujeres que logran insertarse en el mercado laboral, la mitad está en empleos de baja productividad y sólo el 18.6% de ellas se encuentran afiliadas o cotizando en un sistema de seguridad social, así lo informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en su informe Panorama Social de América Latina 2017.

De acuerdo a la institución, los sistemas de pensiones en la región reproducen y profundizan las desigualdades estructurales presentes en otros ámbitos, pues están fuertemente asociados al tipo de vínculo que las personas establecen con el sistema de mercado laboral.

Este mercado que a su vez se caracteriza por “altas tasas de informalidad, precariedad y por reproducir desigualdades de género” y por su “inestabilidad y precariedad salarial”, indica la Cepal a través de un comunicado.

Así, a pesar de que las mujeres constituyen la mayoría de la población adulta mayor, respecto a los hombres representan una  minoría a la hora de recibir algún tipo de jubilación o pensión y una mayoría cuando reciben prestaciones con un menor monto.

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“Además de las brechas de género asociadas al mercado laboral en los sistemas de pensiones, aún persisten formas directas de discriminación vinculadas a normas que establecen un trato desigual hacia las mujeres”, señala la institución.

Por ejemplo, menciona el uso de tablas de mortalidad diferenciadas para el cálculo de las pensiones que castigan la mayor longevidad de las mujeres, lo que se agrava en los países en que existe para ellas una edad de retiro menor, pues en esos casos un monto acumulado menor debe dividirse por un número de años mayor, dando como resultado una pensión inferior.

Además, las “mujeres que se dedican exclusivamente al trabajo de cuidados no remunerado quedan excluidas de los sistemas de pensiones pese a que realizan una contribución importante al bienestar social de los países, indica.

Otra manifestación de sesgos de género, menciona la Comisión,  se evidencia al analizar la exclusión de las trabajadoras domésticas de los regímenes generales de protección social.

“Lentamente esta deuda histórica de homologación de los derechos de las trabajadoras domésticas al del resto de los trabajadores ha ido saldándose en países como el Brasil, Chile, Costa Rica, el Ecuador y el Uruguay”, señala el documento.

Por ello, para la Cepal, la inclusión de las mujeres en los sistemas de pensiones es indispensable para hacer frente a la nueva estructura de edades de la población, a la demanda y necesidad de autonomía económica y al ejercicio de sus derechos. También es un requisito para la sostenibilidad de los propios sistemas y para alcanzar la igualdad.

 

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