La tortura es una de las herramientas más comunes para “producir evidencia” en la investigación de un delito, es sistemática y prácticamente una política de Estado, advirtió Roberto Hernández, investigador de World Justice Project (WJP) una organización sin fines de lucros.

De acuerdo con el reporte La Nueva Justicia Penal en México: Avances Palpables y Retos Persistentes, elaborado por WPJ, 85% de las personas detenidas en el país son torturadas en algún punto de su detención y hasta ser presentados ante un juez.

A nivel nacional, por ejemplo, del total de personas que fueron arrestadas, 59% fueron agredidas, de acuerdo con este reporte que analiza los datos de la Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad 2016 y una base de datos de la fecha de implementación de la reforma de justicia penal a nivel municipal y por todo tipo de delito.

Al llegar a un ministerio público 40% de las personas recibieron algún tipo de maltrato y 39% fueron presionados por la policía para declarar.

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El reporte señala que estas prácticas impiden tener certeza sobre la veracidad de las confesiones y testimonios que, en la gran mayoría de los casos, son la única prueba que se utiliza para sentenciar a una persona.

“La tortura es una política pública de Estado, sucede en todos. Por ejemplo, las personas que son acusadas de secuestro, los niveles de tortura para estas personas son 40 puntos porcentuales por arriba de cualquier otro delito, eso es súper sistemático, significa que ocurre en todas las procuradurías del país o por ejemplo los niveles de tortura son superiores en autoridades federales que local o hay evidencia de que hay un nivel superior de indice de tortura por la Marina que por el Ejercito”, señaló Hernández.

Apuntó que no existen incentivos para realizar investigaciones rigurosas y científicas porque la tortura sigue sirviendo para llevar a una persona a la cárcel.

“La policía sigue teniendo un comportamiento corrupto, maltratador, pero también la tiene la Marina, el Ejercito”.

Respecto a las medidas anunciadas por el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador en materia de justicia, Hernández apuntó que se evidencia poco entendimiento técnico por parte de las futuras cabezas de los espacios encargados de la impartición de justicia.

“No estoy seguro de que haya claridad técnica en materia de justicia penal, veo bandazos. Ahora proponen ingresar más de 50,000 personas al Ejército y la Marina. Pero no veo un entendimiento de fondo, quizás la propuesta que hicimos fue regresar a la policía la capacidad de participar activamente en las investigaciones. En México tenemos a fiscales haciendo la tarea de los policías y cuantitativamente hay más policías de fiscales, hay muchos obstáculos”, detalló.

El reporte también recomienda regular la forma en que se conducirán las investigaciones criminales tomando como base estándares internacionales, profesionalizar la labor policial a través del servicio profesional de carrera y generar evaluaciones constantes en cada uno de los aspectos del sistema de justicia.

 

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