Recientemente, ha sido muy común escuchar acerca de la existencia de los riesgos globales. Por supuesto, esta definición no implica que estemos entrando en una etapa de catástrofes, sino que es una advertencia de que las acciones realizadas hoy tendrán una consecuencia en el futuro.

El “Informe Global de Riesgos 2019”, del Foro Económico Mundial, precisó que, entre las principales amenazas, está el uso de las nuevas tecnologías en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, sobre todo porque gobiernos, empresas y prácticamente cualquier individuo, quedan expuestos y vulnerables a ataques cibernéticos.

No es un problema de ciencia ficción. En la actualidad, los ataques cibernéticos a nivel mundial generan pérdidas de hasta 3 trillones de dólares anuales. Y, aunque podría pensarse que es un problema exclusivo de los países altamente desarrollados, la realidad es que México se ubica en el tercer lugar de los países con más ciberataques (sólo por detrás de Estados Unidos y el Reino Unido), dejando, como consecuencia, una pérdida de 7,700 millones de dólares.

La necesidad de entrar a la Cuarta Revolución Industrial (la era liderada por las nuevas tecnologías) ha permeado en la economía, la cultura, el transporte, el consumo, el ocio y casi cualquier otra esfera de la realidad. La tendencia indica que este proceso se agudizará en los próximos años, será inevitable y generará un aumento de la vigilancia y la monitorización de datos. En este contexto, la delincuencia organizada está encontrando un nuevo y redituable campo de acción: el robo de información y de identidad, el fraude en línea, la extorsión y la piratería informática.

Así, los riesgos 4.0 (todos aquellos relacionados con ciberataques) se encuentran, hoy en día, en el séptimo lugar entre la lista de las 10 amenazas que representan mayor impacto para la economía, y ya son considerados por las empresas globales como los principales retos para hacer negocios en Norteamérica y Europa, así como en Asia Oriental y el Pacífico. Para nuestro país, la cuestión no es menor, si se toma en cuenta que siete de cada 10 empresas mexicanas han experimentado algún incidente relacionado con seguridad informática.

Por esto, es necesario que todos los actores sociales implementen programas para reforzar la seguridad y la resiliencia a fin de mantener la confianza en una economía cada vez más conectada.

El gobierno federal ha dado un paso significativo con su campaña “Ciberseguridad México”, un esfuerzo que considera que 80% de los delitos cibernéticos se pueden evitar con medidas de concientización. Durante 2018, la campaña permitió impartir pláticas a 440,000 personas en la República Mexicana y alcanzó a 60 millones de usuarios de internet (84% del total contabilizado por Inegi). Pero todavía hace falta consolidar una política pública sobre ciberseguridad a largo plazo, que tome en cuenta que los riesgos 4.0 se han duplicado en los últimos cinco años y que seguirán profundizándose, tanto en su frecuencia como en su gravedad.

Por su parte, la iniciativa privada, e incluso los individuos, deberán considerar que nadie está exento de sufrir una vulneración cibernética. Es necesario que las empresas y organizaciones tengan como prioridad invertir en el fortalecimiento de sus redes de ciberseguridad para poder adaptarse mejor a la era digital, a través de la capacitación de la fuerza laboral, con objeto de cumplir las responsabilidades en materia de seguridad y privacidad.

Así, aunque las nuevas tecnologías se presentan como un campo de oportunidad para expandir los negocios a escala global y generar mayores y mejores redes de trabajo, también son una amenaza, pues el ciberespacio aún no está regulado. Nos corresponde a todos tener una visión anticipatoria en materia de ciberseguridad para poder hacerle frente a los riesgos 4.0, uno de los principales retos del siglo XXI.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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