“A medida que uno se va acercando al enemigo, debe irse estrechando más y más el frente estratégico”, se lee en el libro Estudios sobre la guerra, del militar liberal mexicano Sóstenes Rocha, que sobresale por su volumen, de casi 700 páginas, en una pequeña mesa de centro en la oficina de Napoleón Gómez Urrutia en el Senado de la República.

Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, sabe mucho de enemigos. En 2002, cuando asumió la dirección de la organización sindical, fue señalado por sindicalistas de intentar heredar la dirigencia minera que su padre, Napoleón Gómez Sada, tuvo en sus manos por 40 años.

Más tarde, fue acusado por disidentes del sindicato minero de darle la espalda a las familias de los 65 trabajadores que murieron en febrero de 2006, a causa de la explosión y derrumbe ocurridos en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, operada por Grupo México, firma con la cual Gómez Urrutia se enfrentó en una guerra mediática de acusaciones mutuas a propósito de la tragedia.

LA MANCHA. Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, es una de las minas más cuestionadas de Grupo México, por haber contaminado el río Sonora.           Foto: Google Earth

Uno de los momentos álgidos en su “batalla” contra diversos actores políticos y empresariales fue en 2014, cuando ya estaba viviendo un autoexilio en Canadá, acusado de haber sustraído 55 mdd de un fideicomiso de los agremiados del sindicato minero.

Y aunque para él estas acusaciones fueron parte de “una campaña sucia, cobarde y perversa de quienes no entienden que este país tiene que cambiar para hacerlo menos desigual y corrupto”, el anuncio que hizo Andrés Manuel López Obrador en abril de 2018, aún como candidato a la presidencia, informando que, de ganar las elecciones, promovería el regreso del líder sindical a México, a quien calificó como perseguido político, fue un “cañonazo” que hizo blanco en los adversarios de Gómez Urrutia.

Te interesa: Gómez Urrutia pide reabrir investigación por derrame de Grupo México

El 29 de agosto, flanqueado por unos 5,000 trabajadores mineros, Gómez Urrutia rindió protesta como senador de la República. Ello modificó el balance de fuerzas: preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, es secretario de la Comisión de Economía e integrante de las de Energía, Minería y Desarrollo Regional y Relaciones Exteriores.

Esto le permite relacionarse con sus aliados y adversarios en un escenario menos “bélico”, y estrechar el campo de batalla, como aconseja Rocha en sus escritos de guerra. Así quedó ilustrado semanas atrás, en una reunión que el senador sostuvo con miembros de la Cámara Minera de México. Les preguntó de frente: “¿Cuánto quieren llegar a tener del territorio nacional? Hoy tienen 30%. ¿Quieren obtener el 40, 50 o el 100%? No creo que ningún mexicano esté dispuesto a aceptar algo así”.

Los empresarios mineros no son los únicos que están atentos al “despliegue táctico” del dirigente minero; también lo están líderes sindicales de otras industrias y hasta empresarios que promueven el outsourcing en México.

En el sector minero de México hay 46 conflictos activos, el número más alto para un país en América Latina.

¿Cómo buscará, desde el Senado, aportar a la solución de esta problemática y al desarrollo de la industria?

En la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, he propuesto cambios a la ley minera. Hay que regular la actividad. A lo largo de los años, se fue perdiendo el control: desde cómo otorgar las concesiones, cancelarlas y regular los derechos sobre las concesiones mineras, hasta problemas de contaminación del medioambiente.

Hay que tomar en cuenta la opinión de las comunidades, las regiones, los ejidatarios, los indígenas. Es un debate que no le gusta mucho a las empresas. Se cometen muchas violaciones. Hay que revisar, corregir y regular.

¿Qué temas están en su agenda en materia minera y cómo se conectan éstos con la llamada Cuarta Transformación?

Partimos de un diagnóstico de la situación minera. La ley minera, a lo largo de, por lo menos, los últimos 30 años, se fue haciendo cada vez más flexible y operando en favor de las grandes empresas. Por ejemplo, antes había aspectos muy claros para otorgar una concesión minera; se aprobaba durante dos años y se vigilaba que invirtieran [los concesionarios], por lo menos, en exploración; y, si después de dos años no hacían nada, se quedaba de manera especulativa, se cancelaba.

Ya no existe ninguna restricción en la ley para [regular] eso, ninguna reglamentación para cancelarlas si se cometen violaciones al medioambiente, los derechos de las comunidades indígenas o los derechos laborales.

Luego están los plazos. Antes, las concesiones se otorgaban por [plazos de] 10 a 20 años, y eran susceptibles de ser renovadas, si los proyectos tenían la operatividad, recursos y yacimientos adecuados; ahora las concesiones se otorgan a 50 y 100 años.

Ahora lee: Entrevista | Gómez Urrutia, un cuestionado líder que quiere poner ‘orden’ en las empresas

Algo muy importante que se debe revisar: más de 90% de las concesiones no terminan en desarrollos mineros. Muchas de ellas terminan en desarrollos turísticos o inmobiliarios, en ranchos ganaderos alrededor de las minas. Son tierras ociosas; simplemente las acaparan para mantenerlas a lo largo de los años y esperar a que suban de valor, por si se abre alguna carretera o proyecto industrial. Benefician sólo a unos cuantos. Es algo que sí se tiene que regular.

Estos cambios implican negociar con los empresarios del sector, pero su relación con varios de ellos no ha sido la mejor. ¿Puede avanzar así en una agenda minera?

Con la gran mayoría de las empresas hay una relación de respeto. Con algunos de los grandes grupos mineros no la hay y no la ha habido; son los que menos quieren cambiar, sino [que pretenden] mantener los privilegios que han acumulado a lo largo de los años.

Lo que hemos buscado es invitarlos a dialogar. Por ejemplo, la Comisión de Minería se reunió, hace poco más de un mes, con la Cámara Minera de México. Vinieron empresarios, directivos de diferentes empresas; discutimos y analizamos propuestas e ideas.

La posición de ellos siempre es: “Queremos que nada cambie” y, pues sí, pero sobre qué costos sociales. Hay que moderar sus ambiciones desmedidas de concentración de la tierra. No se nos debe olvidar una cosa: la Revolución Mexicana se inició, precisamente, por los grandes latifundios, la concentración de la tierra. Hay que aprender de la historia.

Hay que hacer esta modernización del sector como la hacen otros países, como Perú, Bolivia, Chile… donde las empresas mineras pagan más impuestos que en México. Leí una nota sobre el alcalde de Fresnillo, Zacatecas: que va a revisar la contribución de Grupo Peñoles en el pago de impuesto predial, porque, por todas las propiedades en Fresnillo, incluida la mina de plata más importante del país y probablemente del mundo, éste paga 1.5 mdp anuales; y el alcalde dice: “Mínimo, deberían ser entre 40 y 50 mdp”.

¿Prevé que haya cooperación de los empresarios mineros en el nuevo marco de reglas que propone?

Así como hay quien dice que en México necesitamos una nueva cultura laboral, yo creo que necesitamos una nueva cultura patronal; que los empresarios se vuelvan más responsables socialmente, moderen sus ambiciones desmedidas de ganancias y utilidades a cualquier costo… a veces, a costa de la vida y la salud de los trabajadores.

De ser el país con los salarios más elevados en América Latina, en 25 años de Tratado de Libre Comercio, México tiene los salarios más bajos de la región. Todo esto tiene que cambiar.

Es una visión muy miope, no querer desarrollar pequeños polos de desarrollo que empleen a la gente local, que la capaciten; eso [el desarrollo local] va a contribuir a disminuir hasta la inseguridad.

Ellos [los empresarios mineros] se quejan muchas veces de la inseguridad, y tienen razón; muchas zonas apartadas, por ejemplo, en la sierra de oro de Guerrero, hay mucha inseguridad, pero tampoco hacen nada para contribuir a evitarla; nada más piden apoyos. Es todo un proceso de negociación, diálogo, participación activa, no de campañas sucias.

¿Fueron campaña sucia, las acusaciones que le hicieron de malversación de recursos de los trabajadores mineros?

Cuando se forman mafias y grupos relacionados con gobiernos, suceden estas complicidades. Eso sucedió en este caso, con los dos gobiernos panistas anteriores y el último priista.

Ahí está el derrame del río Sonora, que sigue en la impunidad total. Hay más de 22,000 familias afectadas, más de 1,000 casos de cáncer desarrollado. La mina de Pasta de Conchos fue una tragedia producto de la irresponsabilidad y la negligencia de la empresa [Grupo México]; pero, en el caso de la contaminación del río, es una muerte lenta, y tenemos estudios científicos de la Universidad de Hermosillo que demuestran cómo afecta a la población… y no se ha hecho nada.

Ha propuesto la revisión de los esquemas de outsourcing, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar?

Como antecedente, le digo que a mí me tocó proponer la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo [OIT], a través del grupo parlamentario de Morena, y fue ratificado por unanimidad; tiene que ver con el derecho a la libertad sindical y a la libertad de contratación colectiva.

Fue un paso muy importante para tratar de eliminar los contratos de protección patronal, fórmula utilizada por muchas empresas y algunas organizaciones sindicales para [obtener] beneficios particulares, contra los derechos de los trabajadores.

¿Por qué ha crecido tanto el outsourcing?

Como presidente de la Comisión de Trabajo, me he reunido con senadoras y senadores, y hemos analizado qué es lo que hay que hacer y buscado revisar el proyecto y la iniciativa de reforma laboral.

Hay tres opciones que se han manejado aquí: una es no hacer nada, dejar que siga creciendo, pero esto va en detrimento de los derechos laborales, porque los trabajadores van perdiendo derechos que trabajan en esas condiciones.

La otra es regular, pero enérgicamente, el crecimiento del outsourcing. Hay varios tipos de empresas en este esquema; algunas son muy positivas: contribuyen y cumplen con todas las normas; hay otras que son “factureras”, que utilizan [este esquema] para la evasión fiscal.

La tercera sería cancelar el outsourcing.

Se está debatiendo. No hay una posición definida todavía dentro de la Comisión de Trabajo.

Es un tema que hay que abordar; no se puede dejar pasar como si nada. Trae suficientes problemas, tanto para el gobierno federal, por la parte fiscal, como para los trabajadores, por sus derechos. Con este nuevo gobierno, la gente espera que en verdad se regule y controle.

Los cambios que dice enarbolar el actual gobierno trastocan los esquemas sindicalistas de México. ¿Debe ser así?

Estoy totalmente convencido y él [López Obrador] ha mencionado que un primer paso es buscar que los trabajadores elijan sus liderazgos, en voto secreto, personal y directo. Y, antes, desde luego, que decidan en qué sindicato participar.

Lo que ha sucedido es que esto se ha impedido por parte de dirigencias sindicales o, a veces, por parte de gobiernos. Coincido en que hay que hacer una mayor revisión en la transparencia, desde los procedimientos hasta el manejo de los recursos de los sindicatos y de las decisiones que se tomen.

Desde que llegué al Senado, me ha tocado recibir a muchos grupos de trabajadores que están inconformes con sus líderes; se quejan de que han sido reprimidos, que no les han dado oportunidades de participar en elecciones internas. Pero, independientemente de lo que haya sucedido, hay que hacer una reforma laboral que dé seguridad jurídica a los trabajadores.

Pese a ese contexto de transformación, personajes como Elba Esther Gordillo intentan retomar el liderazgo del sindicato magisterial, después de haber estado en prisión; y el líder petrolero Romero Deschamps se ampara en un contexto de combate al robo de combustible de Pemex. ¿Tienen cabida personajes como ellos en la llamada Cuarta Transformación?

Algunos sí y otros no, seguramente. Estamos en proceso de depuración. Estos cambios en la organización, de transparencia y de libertad sindical, harán que los que no representen los intereses de los trabajadores se vayan haciendo a un lado; sus propias bases sindicales los harán a un lado. No opinaría sobre nadie en particular, sólo sé que se va a dar, de manera natural, una especie de depuración.

 

Siguientes artículos

La meta petrolera para 2019 y otros 5 puntos de la ‘mañanera’ de AMLO
Por

El presidente reveló que Grupo Modelo pidió una devolución millonaria de impuestos y acusó a Salinas de ser el padre de...