Según las previsiones de crecimiento del comercio mundial para este 2018, el 4% de ese crecimiento se deberá a la recuperación del dinamismo del comercio internacional. Uno de los grandes temas de este año es el debate entre el proteccionismo que impulsan los movimientos populistas/nacionalistas y la tendencia a la liberalización y la apertura comercial que ha estado dominando el escenario económico internacional en las últimas décadas.

Es cierto que el Brexit, el gobierno de Trump, y la elección de Macron han generado un cambio significativo en la arena política, pero hoy se ve con gran preocupación el innegable y amplio ascenso del neo populismo, así como la polarización (no sólo económica) que ha llegado al plano social de manera importante a nivel mundial y genera cada vez más encono y desigualdad.

Según la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la clave del equilibrio en el plano económico al interior de los países en vías de desarrollo, podría radicar en el desarrollo de políticas públicas con una perspectiva de género, y según esta organización, el PIB de estos países podría incrementar al menos el 12% si se emprendieran acciones con una visión que favorezca la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Desde 2015, la OCDE ha insistido en que acortar la brecha de género en el mercado laboral podría agregar un crecimiento de al menos 12 trillones de dólares al PIB global para 2025.

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Paradójicamente, de acuerdo con el Banco Mundial todavía en 2018, las mujeres enfrentan restricciones laborales basadas en el género en por lo menos 155 países; muchas de las cuales están vinculadas a la limitación para adquirir propiedades o bienes (lo que limita la cultura emprendedora en las mujeres), a los consentimientos maritales para el empleo (por ejemplo,  recientemente, en Etiopía el gobierno eliminó el requisito para que una mujer que busca empleo deba presentar por escrito el permiso del marido para emplearse), y a las leyes que limitan el acceso a los créditos y a las firmas de contratos.

En muchos países las mujeres aún están sujetas a la oferta de trabajos diseñados tradicionalmente para hombres, o bien enfrentan limitantes en los horarios y frecuencia de las jornadas laborales. En el mundo del siglo XXI sigue habiendo países como Rusia en los que las mujeres no pueden solicitar empleo en 456 actividades específicas, o Argentina en donde las mujeres tienen prohibido practicar actividad laborales “peligrosas” como la minería, la manufactura de químicos y los destilados de alcohol, incluso en Francia la ley previene a las mujeres de tener un trabajo en el que se realicen actividades de carga superior a los 25 kg diarios, o en Pakistán, donde la mujer no puede ser contratada para limpiar o ajustar maquinaria.

No obstante y pese a los usos y costumbres que aún imperan en diversas sociedades, en los últimos dos años, 65 países han aprobado cambios importantes a sus legislaciones internas para permitir un incremento en la participación de la mujer en el mercado laboral con salarios y actividades más equitativas y sin distinción de género. Incluso, hay países en los que reformas políticas brindan acceso equitativo para la participación de la mujer en la administración pública y los cargos de elección.

Desde los foros internacionales se han hecho esfuerzos importantes por alcanzar una paridad de género que permita incrementar la participación en la fuerza laboral de las mujeres durante los próximos 10 años en al menos el 25%. Por supuesto que las reformas legales al interior de los países son una herramienta poderosa para lograr la equidad de género y un verdadero impacto en la economía global.

Sin embargo, no podemos perder de vista que las reformas deben implementarse en contextos sociales y culturales propicios para la eliminación de la discriminación en contra de niñas y mujeres.

El diseño de políticas públicas, presupuestos y agendas con perspectiva de género permitirá el verdadero desarrollo de condiciones idóneas e integrales para el desarrollo óptimo de niñas y mujeres, y, como condición sine qua non una verdadera y justa inserción al mercado laboral.

Promover la no discriminación por cuestiones de género es un proceso que involucra a varios actores, pero principalmente que requiere un binomio perfecto entre reformas legales e iniciativas de participación social a través de la educación como derecho fundamental, como la puerta de acceso al conocimiento y reconocimiento de otros derechos pues, educación y Derechos Humanos son conceptos indispensables para lograr los objetivos de justicia social.

Con una mirada hacia el cumplimiento de los objetivos de la agenda 2030, no puede dejar de verse en la educación un derecho habilitante, universal, obligatorio y que debe estar al alcance de todas y todos a lo largo de la vida.

Lograr sin un discurso populista la verdadera equidad, solo es posible a través de la educación.

 

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