En diciembre de 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, extendiendo a las mujeres el derecho al voto y su acceso a cargos públicos, en igualdad de condiciones con respecto a los hombres y sin discriminación alguna.

No obstante, desde principios del siglo XX, el movimiento internacional por el derecho al voto femenino expandió su sentido reformista en el ámbito social, económico y político, buscando principalmente la eliminación de las diferencias de capacidad de votación por género, y poco a poco expandió la idea del sufragio universal, buscando la abolición de la discriminación, principalmente por cuestión de raza.

Desde el inicio del movimiento en favor del voto femenino, los Estados Unidos buscaron desde finales del siglo XVIII que las mujeres participaran en una actividad considerada cívica y ética. Mientras que la lucha en América Latina trataba de conseguir la igualdad de derechos y oportunidades a la par de los hombres. Para 1910, tenía diversas organizaciones en defensa de los derechos políticos de la mujer.

En Chile, durante la década de 1920, se formaron partidos cívicos femeninos que buscaban la participación en los procesos electorales y abrían paso a las mujeres en la función pública.

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En México, a principios del siglo XX, los textos revolucionarios como el Plan de Guadalupe, promovían el aseguramiento de la igualdad ante la ley y el goce de derechos a todos los habitantes del país; sin embargo, en la Constitución Política mexicana, promulgada en 1917, no se permitió que el Congreso concediera el voto a la mujer.

En febrero de 1947, el presidente Miguel Alemán impulsó la reforma política que permitió a través del Art. 115 de la Constitución Política mexicana otorgar el derecho político de las mujeres a votar.

Y no fue hasta 1953 cuando las mujeres mexicanas obtuvimos el derecho al voto; la historia política de México nos remite a importantes liderazgos sociales y políticos, en los que las mujeres mexicanas hemos destacado no sólo con cargos de elección, sino con la posibilidad de transformar nuestro entorno comunitario gracias a su liderazgo.

Hoy más que nunca, se requiere de instituciones que consoliden el empoderamiento de las mujeres para lograr el desarrollo certero de la igualdad y la equidad de las mujeres mexicanas en todos los ámbitos de participación.

Así como en otros países la participación política de la mujer hay logrado nuevos escenarios, en México debemos procurar los espacios necesarios y adecuados para lograr un efecto multiplicador que al interior de nuestras instituciones (públicas y sociales), haya más mujeres empoderadas y seguras de que su aportación contribuye a un bien mayor.

 

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