Próximamente podríamos tener una nueva reforma constitucional en materia electoral. El pasado 7 de marzo fue publicada en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa de reforma que propone modificar diversas disposiciones de nuestra Constitución Política. La propuesta presentada por el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, propone cambios sustanciales en la organización de las elecciones, como es la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), la reducción en 50% en el financiamiento a partidos políticos y la reducción de consejeros electorales nacionales de 11 a 7.

De aprobarse la reforma, las elecciones federales intermedias a celebrarse en 2021 se estarían realizando bajo un esquema centralizado y no híbrido como el modelo que lograron negociar las fuerzas políticas de aquel entonces en la reforma de 2014. Con ello, se estaría materializando, paradójicamente, uno de los acuerdos del Pacto por México, que proponía la creación de una autoridad electoral nacional que se encargara de las elecciones federales, estatales y municipales, y cuyo antecedente es una iniciativa de reforma constitucional presentada por el PAN el 15 de mayo de 2013, que proponía justamente crear al INE en sustitución del IFE y de los 32 institutos electorales estatales.

Aquella propuesta de reforma fue justificada en el ahorro de recursos públicos que se generarían y, principalmente, que se terminaría con el control de las autoridades electorales por parte de los gobernadores. Casi 6 años después, se retoma la intención de “nacionalizar las elecciones”, apuntando nuevamente al tema del costo de las elecciones, pero con un elemento nuevo: la austeridad electoral como “la premisa fundamental de la función electoral”.

De aprobarse esta reforma constitucional, el primer gobierno federal en manos de Morena estaría confirmando la proclividad de los actores políticos a reformar las reglas electorales. La intención de que Morena también busque tener su reforma electoral no es sorpresiva, dada la función de las elecciones no únicamente en términos de fuente de legitimidad democrática, sino como espacios de negociación y de acuerdos entre los actores relevantes del momento. Así, la reforma que posiblemente veremos se negocie en el Legislativo, buscará ser congruente con el discurso que llevó al triunfo al presidente de México, así como ganar mecanismos de control sobre el aparato electoral, como lo es la propuesta de regresar el nombramiento de los consejeros en los estados a los congresos, con mayorías de Morena o con sus aliados en varios de ellos.

Si las 11 reformas electorales contadas desde la primera gran reforma electoral de 1977, con el liderazgo de Reyes Heroles, reflejaron los cambios sociales, económicos y políticos de la sociedad mexicana, ésta no será la excepción. Eliminar la burocracia electoral en los estados y la promesa de tener elecciones menos costosas son sin duda discursos atractivos para los votantes, sin embargo, quedan diversas cuestiones en el aire, como por ejemplo si realmente estas medidas generarán un ahorro como el que se presume. El esquema que se logró consensar en 2014, de conservar 32 estructuras electorales, con autonomía y presupuesto propios, además del INE, resultó en un modelo abigarrado, con responsabilidades difusas en ciertos temas, que fue generando espacios de confrontación en vez de colaboración. Por estas razones, entre otras, es necesario una reforma electoral que parta de un diagnóstico integral con base en el cual se valore la viabilidad operativa y presupuestal de que una autoridad nacional sea la responsable de todas las elecciones, sin mermar la calidad y confianza en éstas y sin abrir oportunidades de conflicto poselectoral, sobre todo a nivel municipal. Todos estos planteamientos se dan ante un INE sobrecargado en funciones e instituciones electorales en los estados con capacidades humanas y presupuestales marcadamente dispares.

 

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