Desde un punto de vista de organización electoral, la reciente elección del 1 de julio de 2018 fue histórica por diversos factores como el número de cargos que se compitieron (más de 18,000 cargos federales y locales), el peso electoral de los jóvenes de 18 a 35 años quienes representaron cerca del 45% del electorado, las 157,000 casillas electorales instaladas, o la participación por vez primera de candidatos independientes por la Presidencia de la República.

El presidente del INE calificó la elección federal como exitosa, ejemplar, la más blindada y vigilada y como una auténtica fiesta cívica. Lo cierto es que la paz seguida al 1 de julio se explica en gran medida por los 30 millones de votos obtenidos por el hoy presidente electo, los casi 31 puntos porcentuales que lo separaron del segundo lugar y el reconocimiento de derrota el mismo día de la elección por parte de los candidatos Meade y Anaya.

López Obrador se ha comprometido a gobernar con el marco constitucional en vigor, al menos en el corto plazo, por lo que las elecciones intermedias de 2021 se estarían realizando bajo las mismas reglas construidas a partir de la última reforma electoral de 2014. Si eso sucede, sería una excepción en la tendencia a reformar la ley electoral, pues desde 1977, cuando se da la apertura del sistema electoral mexicano, hemos tenido un total de 11 reformas en esta materia.

A diferencia de las elecciones de 2006 o de 2012, hoy la exigencia de los actores políticos no está puesta en una reforma electoral.

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El presidente electo tampoco se ha referido a una gran reforma electoral, sino específicamente sobre el tema del fraude electoral. Tanto en su primer discurso como presidente electo, como en las iniciativas de reforma que presentará al Congreso de la Unión el 1 de diciembre, aparece el fraude electoral, para que éste, en todas sus manifestaciones, sea considerado delito grave.

Sin embargo, el fraude electoral no se resuelve solamente con calificarlo como delito grave. Se trata de un problema enormemente complejo precisamente por la amplia variedad de formas que puede adoptar, desde acciones clandestinas para las manipular el voto, hasta el uso abierto de la violencia para intimidar a los votantes[1]. En el contexto concreto de nuestro país, la compra de votos se ha normalizado a lo largo de cada elección, por lo que hay pocos incentivos para denunciar este tipo de actos que hasta ahora, por no ser delitos graves, permite a las personas que incurren en ello, pagar una fianza y salir en libertad.

Si analizamos con rigor este problema, tenemos que más allá de la entrega de materiales o dinero en tiempos de elecciones, el problema de fondo tiene que ver con el origen de los recursos para comprar votos o voluntades en tiempos electorales, cuyo hilo conductor nos lleva al uso de diversos mecanismos para extraer y hacer un uso indebido de recursos públicos, algunos de ellos altamente sofisticados y difíciles de detectar, pero también otros tan burdos como la entrega de contratos a empresas fantasmas para desviar millones de pesos, y en el intermedio, otro modus operandi como el de La Estafa Maestra, cuya trama involucra 11 dependencias y ocho universidades públicas.

Y para cerrar el círculo, la complejidad del problema también reside en el nivel de impunidad en México, la que se calcula es del 97%.

Si la meta del presidente electo es terminar con el fraude electoral, es difícil no imaginar otra reforma electoral de gran calado, pero una que no centrada en la organización de las elecciones, sino en abordar el tema electoral desde otra perspectiva, el de la corrupción, y cómo lo electoral está concatenado con el Sistema Nacional Anticorrupción y sus pares en los estados.

[1] Fabrice Lehoucq (2007). ¿Qué es el fraude electoral? Su naturaleza, sus causas y sus consecuencias. Revista mexicana de sociología, Vol. 69 (1).

 

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