Boletos para la Fórmula Uno, camiones con víveres, trabajos de remodelación en parques públicos o 20,000 pesos por cada departamento que construyan son algunos ejemplos de las exigencias por parte de autoridades de la Ciudad de México solían imponer a desarrolladores inmobiliarios durante la administraciòn pasada para otorgar permisos de construcción.

Este y otros tipos de corrupción en el sector se normalizaron en el gobierno capitalino de la administración pasada, reveló un estudio elaborado por el organismo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad a 60 desarrolladores grandes de la Ciudad de México.

Los desarrolladores identificaron que las autoridades con las que se daba con más frecuencia este tipo de extorsiones eran los integrantes de las delegaciones, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y la policía local, detalló Felipe Neri Narváez, integrante de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad.

Durante su participación en el Foro Inmobiliario, el especialista detalló que el estudio identifica varios factores que facilitan o provocan estos actos de corrupción como la multiplicidad de trámites, la obligación para atender las exigencias legales de los tres órdenes de gobierno, la aplicación de criterios discrecionales, la falta de expertos técnicos encargados de supervisar el trabajo de los desarrolladores y la excesiva interacción “cara a cara” entre quienes solicitan permisos y las autoridades.

Cuando se delega los trámites que corresponde a los desarrolladores a gestores, también es muy común que se generen vínculos de corrupción, detalla el estudio.

De acuerdo con datos oficiales la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) recibió 7,000 denuncias durante la administración pasada en torno al desarrollo inmobiliario, pero esta puede ser una cifra menor al número de violaciones debido a la normalización de estos actos de corrupción.

En ese sentido el organismo propone que para reducir los actos de corrupción en este sector la mayoría de los trámites se lleven a cabo a través de portales de internet y generar una plataforma de transparencia.

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