Reuters.- El contenido de los borradores de una amplia reforma judicial en México, propuesta por el gobierno con miras a combatir la impunidad e inseguridad, ha generado preocupación entre diversos organismos que consideran que limitará los derechos humanos y las garantías individuales.

Autoridades tenían previsto presentar la iniciativa ante el Congreso la semana pasada pero lo pospusieron hasta febrero, según dos fuentes de Morena, luego de que Reuters reveló su contenido y por la falta de consenso dentro del propio gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las fuentes precisaron que no está claro hasta qué punto se pueda suavizar la reforma que contempla un nuevo Código Penal Nacional, un nuevo Código de Procedimientos Penales, modificaciones a la Ley de Amparo, además de una cambios a la Ley de la Fiscalía General y a su reglamento.

Ni el gobierno ni la Fiscalía respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Lee: Segob desconocía borradores filtrados de la reforma judicial

A fines de 2018, López Obrador asumió la presidencia con la promesa de combatir la corrupción y la inseguridad alimentadas por el crimen organizado. Pero el año pasado, la cifra de homicidios tocó un nuevo récord con 34,582 casos, levantando críticas a la estrategia de seguridad del gobierno.

El mandatario planteó la reforma luego del fracaso que supuso el nuevo sistema de justicia penal acusatorio vigente desde 2016, que ha dejado un país donde menos del 2% de los homicidios se resuelven y muchas confesiones son logradas bajo tortura o presiones de autoridades.

Sin embargo, la propuesta ha alarmado a activistas y opositores porque, entre las modificaciones a 14 artículos de la Constitución, se busca ampliar el arraigo a todos los delitos y validar pruebas obtenidas de manera ilícita.

“Es una reforma extraordinariamente regresiva que atenta gravemente contra derechos humanos y procesos dados como básicos en materia de presunción de inocencia, juicio de amparo y otros”, dijo a Reuters el senador independiente Emilio Álvarez Ícaza. “Sorprende que un Gobierno que se identifica con la izquierda presente un modelo tan autoritario de justicia”.

El arraigo es una figura introducida en la Carta Magna en 2008 para privar de libertad a personas sospechosas de pertenecer al crimen organizado.

Te puede interesar: Advierten sobre retroceso de décadas en reforma judicial que busca AMLO

La norma permitió a la antigua Fiscalía mantener a miles de personas, entre políticos, empresarios y narcos, privados de libertad por hasta 80 días violando la presunción de inocencia, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Hasta el año pasado había 144 expedientes por violaciones al principio de presunción de inocencia, de acuerdo con la CNDH.

Preocupación

En el borrador de iniciativa de reforma constitucional se autoriza la intervención de cualquier comunicación privada en materia de carácter electoral y fiscal, ejercicios actualmente prohibidos por la Carta Magna.

Además, se permite que pruebas consideradas ilícitas puedan “ser tomadas en consideración” por un juez.

“Preocupa que las pruebas que hayan sido obtenidas por actos ilícitos como tortura, intervención de comunicaciones sin orden judicial y cateos ilegales, tengan valor probatorio”, opinó la senadora Kenia López, del opositor Partido Acción Nacional (PAN).

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19 aseguraron que la propuesta del gobierno de volver a incorporar los delitos “contra el honor” y tipificar expresiones contra entidades públicas, restringirían la libertad de expresión y el derecho a la información.

“Si bien estos textos no constituyen hasta ahora documentos finales (…) envían una alerta sobre las intenciones (…) que pretenden modificar el sistema de procuración de justicia con retrocesos alarmantes en materia de libertad de expresión e información”, aseguró Artículo 19.

Al requerirse cambios a la Constitución, la reforma debe ser aprobada por los dos tercios de ambas cámaras del Congreso, donde Morena y sus aliados tienen mayoría, pero no calificada. En el último año, sin embargo, ambos bandos se han puesto de acuerdo para aprobar reformas constitucionales.

“Si la oposición no acompaña la reforma constitucional, esto no tiene futuro”, señaló el senador Álvarez.

Principales propuestas de reforma judicial en México

El contenido de los borradores de la reforma judicial ha generado preocupación entre diversos organismos porque, sostienen, limitará las garantías individuales.

A continuación, las reformas que han prendido las alarmas en días recientes:

Ley de amparo

La iniciativa para reformar la Ley de Amparo busca restringir el uso de los mismos para evitar dilatar las extradiciones, algo que ha sido usado por la defensa de varios narcos, como Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien purga cadena perpetua en Estados Unidos.

Entre otras cosas, se acorta el tiempo para interponer el recurso de amparo para una sentencia definitiva condenatoria de ocho a cinco años y se reduce a una sola vez el diferimiento de las audiencias para rendir pruebas.

“Con la finalidad de evitar que se abuse de la suspensión del acto reclamado, en caso de extradición, se establece que la suspensión no se conceda de oficio y de plano”, dice el borrador de la iniciativa publicado la semana pasada por Reuters.

“La anterior propuesta cobra suma relevancia pues en estos casos la medida de referencia ha sido empleada de forma abusiva, con fines dilatorios y de mala fe”, agregó.

Arraigo

La propuesta de reforma constitucional amplía el arraigo a todos los delitos, ya no sólo a la delincuencia organizada, como figura actualmente.

Además, duplica los tiempos para realizar investigaciones en delitos por hechos de corrupción o con relevancia social. Actualmente, ningún indiciado puede ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas.

También, se busca permitir que las solicitudes de cateo puedan ser interpuestas ya no sólo por el Ministerio Público, sino también por “la víctima u ofendido”.

Intervención de comunicaciones

La fracción IX del artículo 20 de la Constitución mexicana dispone la “nulidad” de “cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales” como las intervenciones de comunicaciones privadas sin autorización de un juez.

Sin embargo, una de las reformas propuestas a la Carta Magna permitiría su uso buscando que “ante la existencia de una actuación ilegal en la investigación ello no suponga automáticamente la impunidad de quien posiblemente infringe la ley”.

“Las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas podrán, en su caso, ser tomadas en consideración y valoradas” por un juez, dice el borrador.

Además, se autoriza la intervención de cualquier comunicación privada en materia de carácter electoral y fiscal, ejercicios actualmente prohibidos por la Constitución.

Lee: Reforma judicial en México busca usar escuchas telefónicas privadas en juicios

Libertad de expresión

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19 sostienen que el propuesto Código Penal Nacional unificado busca, en la práctica, volver a incorporar los delitos contra el honor: difamación, calumnia e injuria.

“A quien fuera de una contienda de obra o de palabra y con ánimo de ofender, ejecute una acción o profiera una expresión que, por su naturaleza, ocasión o circunstancia, pueda perjudicar la reputación del agraviado (…) se le impondrá de seis meses a un año de prisión y multa”, dice el artículo 486.

Además, sanciona los hechos contra el “orden o paz pública”, términos ambiguos que se remontan a una anacrónica ley de imprenta declarada por organismos internacionales como restrictiva de la libertad de expresión.

Presunción de responsabilidad

En la iniciativa para un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales se incluye la “presunción de responsabilidad”, en la que se puede señalar como responsable al imputado que se niegue a ser examinado por peritos “sin causa justificada”.

Otra propuesta duramente recibida ha sido la eliminación de los jueces de control, encargados de reunir y valorar las evidencias en la fase previa a un juicio, minando la imparcialidad, según activistas, porque ambas acciones recaerían sobre una misma persona.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

 

Siguientes artículos

Ine-Segob
Alertan sobre ilegalidad de solicitud de Segob al INE de entregar datos
Por

Además de no existir un marco legal para la petición, sería riesgoso que una entidad gubernamental tenga dicha informaci...