Reuters.- Estados Unidos está resolviendo con el gobierno mexicano disputas con empresas del sector energético que involucran más de 30,000 millones de dólares en inversiones estadounidenses, dijo el miércoles el embajador Ken Salazar.

En una entrevista con Reuters, Salazar dijo que su gobierno estaba avanzando en la resolución de los problemas que afectan a las empresas estadounidenses en México, que van desde operadores de terminales de combustible hasta generadores de energía renovable.

“Estas 17 empresas eran compañías que tenían disputas muy importantes con el gobierno mexicano”, dijo Salazar.

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El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se ha movido agresivamente para rediseñar las reglas del sector energético en beneficio de las empresas estatales del sector, la petrolera Pemex y la generadora Comisión Federal de Electricidad (CFE), argumentando que gobiernos anteriores sesgaron el mercado a favor del capital privado.

Sin embargo, esa política energética ha puesto a México en conflicto con Estados Unidos y otros socios comerciales importantes y provocado fricciones con una serie de grandes empresas inversoras en el país.

Algunos de los proyectos en disputa ya están avanzando y “está por verse” cuántos de ellos pueden resolverse bajo el actual gobierno, dijo Salazar.

El funcionario, un exsecretario del Interior de Estados Unidos durante la administración Obama, no nombró a ninguna de las empresas.

Entre los que hablan con México se encuentra la petrolera Talos, que López Obrador dijo este mes que está cerca de llegar a un acuerdo sobre un descubrimiento de crudo compartido con Pemex.

El embajador aseguró que parte de los 30,000 millones de dólares estimados eran inversiones que ya se habían realizado, como terminales de combustible completadas e instalaciones de energía renovable, mientras que otra parte era para proyectos pendientes.

Las inversiones en cuestión eran importantes para la integración energética de Norteamérica, apuntó Salazar, y señaló que era importante garantizar un entorno legal en el que las empresas estadounidenses sintieran que “pueden invertir de manera segura” en México.

Al describir las inversiones tanto como una oportunidad como un desafío, Salazar dijo que el gobierno de México entendió la necesidad de integrar las economías de Norteamérica para alentar la capacidad de fabricación de la región.

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