Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), el gigante español del que Carlos Slim es inversionista mayoritario y que ganó una licitación para la construcción del Tramo 2 del Tren Maya, enfrenta una demanda por un adeudo millonario con una constructora mexicana desde hace más de un lustro.
El conflicto se dio por la obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, hoy operado por Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), que desde un inicio en 2006 se programó para ejecutarse en 2 años y su entrega final se dio apenas en 2017. Dicho retraso fue parte importante de la generación de la deuda.
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El adeudo reclamado por la empresa Obras Portuarias de Coatzacoalcos (OPC) y Matrix Concesiones corresponde a por lo menos 100 millones de pesos, luego de que en 2015, el gobierno de Veracruz emitiera un decreto en que actualizó el título de concesión para que Concesionaria del Túnel Coatzacoalcos (Cotuco) asumiera los gastos para terminar la obra, además de que se le extendiera la concesión, en ese momento de 37 al máximo de 45 años.
Dicho acuerdo derivó en que la empresa encargada de la ejecución directa de la obra, Constructora del Túnel Coatzacoalcos (CTC) no recibiera el pago total por las obras ejecutadas. En CTC, las empresas OPC y Mátrix tenían una participación del 30%. Actualmente, la participación de FCC, de la que Slim es el principal inversionista, en esa empresa es de 55.6%, según su reporte de 2019.
En su reporte anual de 2015, FCC indicó que el túnel representaba la concesión de mayor valor para la empresa en todo el orbe, con un total de 244.5 millones de euros (unos 4,300 millones de pesos al tipo de cambio de ese año).
“El no terminar la obra para la concesionaria era mucho más caro, ellos son mayoría, nosotros somos 30%, el 70% son ellos (FCC y su socios), yo no me opuse a terminar, como empresa de Coatzacoalcos era importante terminar el proyecto”, explicó Cornelius Zebadúa, dueño de OPC en entrevista con Forbes México.
No obstante la búsqueda de un acuerdo con FCC para compensar esos gastos, incluida la propuesta de obtener acciones en la concesionaria, al no llegar a un acuerdo entre las empresas, desde 2017 se promovió un arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio (ICC por sus siglas en inglés), cuya resolución se dio en mayo de 2019.
Sin embargo, en junio de ese año, la Corte de Panamá recibió de parte de FCC y Construcción, Infraestructura y Filiales de México (Cifimex, sobre la cual FCC tiene 52% de participación), a través de la firma de abogados Paredes y Asociados, un recurso de anulación del laudo, el cual supondría el pago de una parte del adeudo que se tiene con OPC.
Forbes México buscó a FCC para conocer más acerca de este recurso de anulación y su proceso, sobre lo cual la compañía declinó hacer comentarios.
“Nosotros confiamos en que las autoridades panameñas resolverán el proceso legal conforme a derecho y Diego de la Guardia (abogado titular del caso en Panamá) nos ha expresado su confianza en ellos. Sin embargo, dadas las diversas acusaciones de corrupción que FCC tiene en Panamá y en otras partes del mundo y que hemos visto en la prensa internacional, existe una preocupación legítima del cliente sobre posibles injerencias”, sostiene Esteban Maqueo, abogado de OPC.
Sobre esas acusaciones, la propia FCC señaló a medios que la empresa ha colaborado con las autoridades españolas para esclarecer esos hechos y que los contratos por los que se les investiga se realizaron mucho antes de que Slim tuviera participación en la firma.
La deuda con OPC es de por lo menos 18 millones de pesos de obras realizadas para la construcción del túnel, además de unos 100 millones de pesos por los costos financieros que se hicieron para la obra que se debieron de cobrar a la concesionaria.
“Cada vez que nos parábamos en la construcción, era porque no pagaba el gobierno del estado. Se pagaron equipos que te valen 39 mil euros por día, los tienes parados por 6, 7 meses. El tener a la gente pagándole porque se tenía que bombear mientras no se instalaran los elementos en el dique seco. Mantener toda la infraestructura, todo eso lo estuvo pagando la constructora. Prácticamente llevamos el 100% de las relaciones con sindicatos y empresas locales”, sostuvo Cornelius Zebadúa.
Slim, al control de FCC
En 2014, el multimillonario mexicano Carlos Slim empezó su participación en la empresa española que, entre otras obras, estuvo a cargo de la construcción del nuevo estadio del Atlético de Madrid en la capital española. En México, la firma erigió las carreteras
En ese año, a través de Inmobiliaria Carso, el magnate mexicano adquirió 25.63% de las acciones de FCC, con lo que se volvió el accionista mayoritario de la firma, por encima de la otrora dueña e hija del fundador, Esther Koplowitz. Apenas el mes pasado, el magnate adquirió otro paquete accionario, con lo que ya es el poseedor de 76.6% de la constructora hispana.
La propia presidenta del consejo de la española reconoce en el reporte anual 2019 un punto de inflexión en la historia de la empresa debido a la participación del mexicano.
“Gracias a su labor ejecutiva, FCC experimentó un cambio trascendental al reducir de manera muy significativa su deuda así como el coste de la misma. Esta nueva situación nos ha permitido afrontar nuevos retos en unas condiciones financieras óptimas, incluida la recuperación del dividendo”, señala en su carta.
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