Según la investigación de Ethos, la DIIAF no fue un instrumento eficaz para promover la inversión en activos fijos de las empresas y tampoco incidió en su productividad.

 

De 2002 a 2013, los gastos fiscales que hizo el Estado con el fin de aumentar la inversión privada no tuvieron los efectos positivos esperados, pues los costos fueron mayores que los beneficios, afirmó el centro de estudios de políticas públicas Ethos.

Los gastos fiscales son las concesiones que otorga el gobierno a empresas para promover productividad, sectores estratégicos, generación de empleos y mejorar la distribución del ingreso.

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En la presentación del estudio “Los Incentivos fiscales a la inversión y su impacto en la competitividad de México”, la directora del Área dijo que en once años, la Deducción Inmediata de las Inversiones en Activos Fijos (DIIAF) tuvo un costo de 306,000 millones de pesos (mdp) para las finanzas públicas. Este monto es 55 veces mayor que el gasto hecho en infraestructura de salud en 2013.

La DIIAF fue una concesión otorgada a individuos y empresas para promover la inversión a través de la deducción en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), y sólo podía ser aplicada fuera de las principales áreas metropolitanas. En 2013, la reforma hacendaria eliminó este beneficio.

Según la investigación de Ethos, la DIIAF no fue un instrumento eficaz para promover la inversión en activos fijos de las empresas y tampoco su productividad.

No obstante, Liliana Alvarado dijo que con la eliminación de este instrumento las empresas se quedan sin incentivos para invertir en activos fijos, un elemento que consideran primordial en la productividad.

“Sería irresponsable decir si quedamos más o menos competitivos, pero lo que queremos dejar claro es que el esquema tributario fiscal tendría que ser competitivo a  nivel internacional y el gobierno debería fomentar la competitividad y la atracción de inversión”, dijo la especialista.

La Fundación Ethos considera que debe crearse un nuevo incentivo fiscal enfocado en sectores estratégicos, activos productivos y esté abierto a todo el territorio nacional; además de simplificar los trámites para acceder a este beneficio.

 

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