El gobierno de Andrés Manuel López Obrador incrementó a 30 millones de dólares (mdd) el pago que debe efectuar Emilio Lozoya Austin como acuerdo reparatorio por la compra a sobreprecios de la planta de fertilizantes Agronitrogenados cuando fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Tras no alcanzarse entre un convenio entre el exfuncionario y el gobierno federal en la audiencia realizada hoy, el juez determinó aplazar la sesión para el próximo 31 de agosto, día en el que se llevará a cabo la quinta audiencia para definir si Lozoya paga la compensación, con lo cual saldría de prisión.

Durante la audiencia efectuada en el Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la defensa de Lozoya protestó en contra del incremento del pago para resarcir los daños por la compra de la planta de Agronitrogenados, el cual pasó de 10.7 millones de dólares a 30 mdd.

De la misma forma, Emilio Lozoya aseguró que no existe un motivo para que el acuerdo reparatorio sea 200% mayor. 

Ante el juez y los fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR), el exdirector de Pemex afirmó que el aumento al acuerdo reparatorio es una extorsión.

Al finalizar la sesión, Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, consideró que el monto exigido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex es injustificado y discriminatorio en contra de su cliente.

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Lozoya enfrenta este caso por la acusación de la FGR de que el empresario Alonso Ancira le pagó un soborno de 3 millones 500 mil dólares para que le comprara a AHMSA la planta de Agronitrogenados.

Desde noviembre de 2021, el exdirector de Pemex está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, aún sin sentencia y busca retrasar su asunto judicial a través de amparos.

Hoy, la defensa de Emilio Lozoya argumentó que su cliente se encuentra delicado de salud, por lo que buscarían llegar a un acuerdo con el gobierno para que pueda salir de prisión.

En la sala de juicios del reclusorio, Lozoya tomó la palabra y nunca le señaló al juez de control tener problemas de salud y mucho menos algún malestar.

 El próximo 31 de agosto se sabrá la decisión de si Emilio Lozoya paga el acuerdo reparatorio o si llega a un acuerdo con el gobierno federal para modificar el monto. De lo contario, comenzará el desahogo de  pruebas en su contra, lo que daría pauta a una sentencia inminente.

El Ministerio Público solicitó 46.5 años de prisión en contra de Lozoya por los delitos presuntamente efectuados en febrero de 2021.

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