El gobierno de Andrés Manuel López Obrador trabaja en un protocolo para investigar y denunciar casos de discriminación en empresas estadounidenses a trabajadores mexicanos, aseguró Jesús Seade, subsecretario para América del Norte y principal negociador del gobierno federal en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Seade admitió que en las empresas de Estados Unidos los trabajadores del país están desprotegidos, sin embargo, señaló que se utilizará el mecanismo de resolución de controversias que se incluyó en el acuerdo modificatorio del T-MEC firmado esta semana.

“Lo importante es que también es aplicable a sus empresas, a sus situaciones laborales y ciertamente ya estamos, hablaba yo ayer de Teresa Romero, ya estamos preparando el camino para tener mecanismos de denuncia para acá para conocer de casos de discriminación o de otras violaciones de derechos de nuestros trabajadores en Estados Unidos para hacer valer los derechos bajo el T-MEC”, afirmó el funcionario durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores de América del Norte, de Puntos Constitucionales, de Economía y de Trabajo y Previsión Social.

El mecanismo en materia laboral integrado recientemente es un procedimiento que permitirá que, en caso de una denuncia en materia laboral en algún país, las autoridades de ese país −en el caso de México, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)− contarán con 85 días para examinar el caso y tratar de resolverlo.

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En caso de que no se resuelva la situación denunciada, se integraría un panel que estaría conformado por tres panelistas, uno de Estados Unidos que sería elegido dentro de una lista por autoridades mexicanas, otro de México elegido por sus contrapartes estadounidenses y un tercero de otro país neutral, que podría ser Canadá, pues también se acordó un sistema similar.

Las negociaciones en materia laboral fue uno de los puntos del protocolo modificatorio más señalado por los grupos de oposición en el Senado, por considerar que, pese a los cambios que se integraron, son permisivas con las autoridades de Estados Unidos con las empresas en México.

 

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