El Salvador hizo una reducción de presupuesto para el 2018 en educación, salud e infraestructura pública, según un análisis publicado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

El Instituto señala que el presupuesto de egresos aprobado para este año será de 5,467.5 mdd, lo que representa el 18.6% del Producto Interno Bruto (PIB). Este porcentaje se encuentra por debajo de la estimación que se presentó en el cierre del 2017 que era del 19%.

A los programas de educación solo se les asignaron el 3.2% del PIB en este año, mientras que en el 2015 se le asignaron 3.6%.

El sector salud también sufrió recortes, ya que en el 2013 se le destinaba el 2.4% del PIB y en 2018 será de 2.1%. La inversión pública recibía 3.3% del PIB en 2013 y para este año solo tendrá 2.4%.

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La Corte Suprema de Justicia también sufrió disminuciones en su presupuesto por 6.9 mdd y al Ministerio de Hacienda por 99.1 mdd. De este monto 40 mdd eran para la devolución del ISR y del IVA a exportadores y tendrá consecuencias como una subestimación de partidas.

Alrededor de 53 mdd fueron reducidos al pago de pensiones, a realizarse por medio del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) y esta modificación aumentará la opacidad de pagos.

Esto evidencia el nocivo enfoque de austeridad fiscal que el Estado salvadoreño ha implementado como medida para mantener la trayectoria descendente del déficit fiscal.

El déficit fiscal en 2018 rondará el 2.1% del PIB, menor al 2.7% del PIB registrado en 2017. Sin embargo, la contención del gasto es insostenible en el mediano y largo plazo, pues sacrifica la producción de bienes y servicios públicos que promueven el bienestar social y el crecimiento económico.

Icefi exhortó a la Asamblea Legislativa para crear mecanismos para la apertura, inclusión y transparencia en el debate y así determinar el presupuesto de este ciclo.

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La entidad busca que los impuestos no sean analizados solamente por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto a puerta cerrada, ya que al hacerlo en secreto los salvadoreños desconfiarán del organismo que realizó esta labor.

Icefi cuestionó la decisión de asignar presupuesto de educación y salud a organizaciones no gubernamentales o entidades privadas y que no fueran de carácter públicos estas transferencias.

Por otro lado, el presupuesto público continúa generando gastos que privilegian a sectores particulares en deterioro de la universalidad de servicios públicos, tales como los seguros médicos privados para funcionarios.

Icefi confía en que la nueva Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que iniciará su labor en mayo de este año, diseñe espacios que permitan la apertura, inclusión y transparencia en el debate fiscal.

En la parte de los ingresos, la Asamblea Legislativa aprobó un incremento de 151 millones de dólares (mdd) respecto al presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda.

De este incremento, 65 mdd corresponden a un aumento de transferencias que el Gobierno Central de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) y de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cepa).

Los 86 mdd restantes, se deben a un incremento de la recaudación con la que la carga tributaria alcanzaría 4,636.5 mdd (15.8%) durante el 2018, cifra igual a la estimada del 2017.

Para alcanzar esta meta se necesita buen desempeño de la administración tributaria y reducir la evasión fiscal del ISR y el IVA. También aprobar nuevas leyes con más privilegios fiscales pueden afectar la recaudación y a los salvadoreños.

 

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