La Comisión Técnica del Ministerio de Finanzas (Minfin) declaró que este año habrá una brecha fiscal de 2,500 millones de quetzales que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no alcanzará y podría llegar a los 2,900 millones de quetzales si se incluyen los impuestos no administrados por el ente recaudador.

Se conoce como brecha fiscal a los impuestos que se tienen programados pero que no son recaudados por el administrador tributario.

Durante el taller de Estimaciones Macroeconómicas y Tributarias, se analizó el panorama macrofiscal para la elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de 2020 y se presentó una nueva proyección de recaudación que será de 60,946 millones de quetzales y no de los 64,300 millones que se habían previsto en el presupuesto que aprobó el Congreso este año.

Abel Cruz Calderón, intendente de Recaudación de la SAT, indicó que la institución aún se encuentra en recuperación, luego de la crisis de 2015 y la brecha es el escenario más conservador.

Hasta abril el monto de la recaudación era de 21,92.3 millones de quetzales y se contaba con una brecha de 860.2 millones.

Al respecto, el ministro de Finanzas y presidente del Directorio de la SAT, Víctor Manuel Martínez, destacó que los resultados son conservadores para hacer un escenario real, para la formulación del plan de gasto para el siguiente año con el nuevo gobierno que salga electo en las elecciones generales.

Por su parte, Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), indicó que la proyección de crecimiento económico para 2019 será en el rango de 3% al 3.8% con un indicador central de 3.4%.

El déficit fiscal podría alcanzar un 2.1% según las proyecciones.

El titular de la SAT señaló que los principales problemas que se tienen en la brecha son el impuesto al valor agregado (IVA) tanto el que registra el consumo como en el de las importaciones, que podría estar asociado a la implementación de la Declaración Única Aduanera (Duca).

Panorama general

Cruz Calderón sostuvo que las medidas que se implementarán se encuentran en los planes de fiscalización en el IVA, lo cuales se presentarán este mes.

En el caso del impuesto sobre la renta (ISR) se expuso que está respondiendo, pero la brecha no es mayor con relación al valor agregado.

Manuel Martínez puntualizó que, a pesar de la brecha, la recaudación tributaria está creciendo un 4% con respecto al año pasado.

Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asies) sostuvo que la SAT no tiene un control y una capacidad para mejorar la cobranza de impuestos, ahora con la coyuntura electoral, además, no existe una medida que pueda incrementar la recaudación ni una amnistía fiscal.

Ricardo Barrientos del instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), aseguró que este era el monto de la brecha fiscal que se esperaba y que “Finanzas y la SAT reconocieron que sus estimaciones cerrarán con incumplimiento en más de 2,500 millones de quetzales, con lo cual la carga tributaria se desplomaría a 9.7% y es un retroceso”.

Esta sería la primera brecha con mayor monto luego de las reformas que el Congreso aprobó a la ley de la SAT en 2016.

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Medidas fiscales

Migue Ángel Moir, jefe de la secretaría de Planificación y Programación (Segeplan), dijo que el país tiene que entrar en una reforma económica para abordar cómo se financiará el presupuesto por el lado de ingresos y gastos.

Explicó que por el lado de los indicadores macroeconómicos se busca mantener el lado positivo, como ha ocurrido en los últimos años en promedio del 3.5% del producto interno bruto (PIB), mientras que, por el lado de los ingresos, se empezó con un proceso de reforma de carácter administrativo por parte de la SAT, que son determinantes para ser más eficientes en la recaudación y cumplir con la meta propuesta de 64,300 millones o en todo caso cerrar la brecha.

Algunas de las herramientas previstas son: la implementación de factura electrónica, revisión de la base tributaria y las medidas que se deben de adoptar con el Ministerio de Trabajo para disminuir la informalidad en el mediano plazo.

El jefe de la Segeplan reiteró que lo antes mencionado “son aspectos relevantes que hay que dejar alineados para que el próximo gobierno lo tome en consideración y el apalancamiento financiero en el manejo responsable de la deuda pública de tener un déficit controlado y una deuda que no supere el 24% del PIB y se mantendrá conservadora esa proyección”.

Coyoy puntualizó que hay presiones de gastos que están aseguradas, como el cumplimiento del pago al magisterio, incrementos salariales, así como los constitucionales.

Proyecciones para 2020

A pesar de que el próximo 18 de junio se definirán los techos presupuestarios para cada una de las instituciones, se presentaron los escenarios para la formulación del ciclo del presupuesto.

La SAT proyectó que se recaudará 66,335 millones de quetzales, que incluye además medidas administrativas por 1,500 millones.

Cruz Calderón informó que se trabaja en un tema integral de cinco proyectos que son: la modernización del Registro Tributario Unificado, una segunda etapa de la implementación de la factura electrónica, el proyecto de modernización aduanera, fortalecimiento integral del riesgo y la coordinación interinstitucional.

El crecimiento económico se proyecta en el rango del 3% al 4% con valor núcleo de 3.5%.

El ministro señaló que julio se afinarán los montos para que se trabaje el proyecto del presupuesto en agosto y que se presente al Congreso el 2 de septiembre.

El jefe de Segeplan destacó que el presupuesto estará orientado a cubrir las principales necesidades de la población, así como los componentes de inversión social.

Moir indicó que la discusión del presupuesto se dará en el marco de la transición política con las nuevas autoridades de gobierno y el proyecto está orientado en el gasto social; “con el nuevo (gobierno) se definirá en el marco político en el Congreso cuáles serán los lineamientos y que se tendrá decir con el planteamiento y definir políticamente”.

 

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