Reuters.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala pidió el jueves al Secretario General de la ONU no exceder sus funciones ni intervenir en decisiones del país, tras acusar al jefe de una misión anticorrupción del organismo de intervenir en asuntos que solo atañen a la nación.

Esta semana, el Gobierno del presidente Jimmy Morales ordenó impedir el ingreso al país del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, por considerarlo una persona que atentaba contra el orden y la seguridad pública.

La canciller guatemalteca, Sandra Jovel, dijo a la prensa que la CICIG ha intervenido en asuntos internos como presionar al Congreso de la República para hacer reformas a la Constitución Política y enmiendas a leyes ordinarias del país.

“Señor Secretario General, usted está al servicio de los estado miembros, es inaceptable y contrario a los propósitos de Naciones Unidas que pretenda constituirse en una instancia supranacional, que dicte a los gobiernos cómo ejercer sus atribuciones que electoralmente le han delegado sus ciudadanos”, dijo Jovel.

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Organismos nacionales e internacionales dijeron que esperan que el ordenamiento no afecte los alcances que ha tenido la CICIG. El Alto Comisionado de la ONU calificó la acción como un “revés significativo al trabajo” que han realizado en la empobrecida nación centroamericana y dijo que el Comisionado seguiría a cargo de la misión aunque fuera del país.

Morales insistió, en conferencia de prensa conjunta con cancillería y otros funcionarios, en que “la no renovación del mandato de CICIG y la designación de un nuevo comisionado no afectan casos de corrupción en Guatemala”.

También hizo un llamado a la comunidad internacional para “que colabore en la búsqueda de soluciones y respeto a las decisiones soberanas de Guatemala” y a los guatemaltecos para que se expresen con respeto al tema, a fin de evitar una mayor polarización social.

El máximo órgano judicial de Guatemala dio el miércoles al Gobierno de Morales un plazo de 48 horas para que fundamente las razones para prohibir el ingreso al país del jefe de la misión anticorrupción, en medio protestas callejeras contra la medida.

 

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