Por Guillermo Villaseñor y Alberto Lascurain*

Diario hay un nuevo escándalo. “Huachicoleros”, supuesta corrupción de distribuidores de medicinas, el caso Odebrecht, sin reacción judicial en nuestro país, megaproyectos de infraestructura sin que existan procesos de contratación transparentes.

Este tipo de acontecimientos tienen a la sociedad en hartazgo, situación parecida a la de 2016, en donde una iniciativa ciudadana resultó en la denominada “Ley 3 de 3”. Esta iniciativa buscaba definir reglas de conducta para los servidores públicos, en las relaciones entre servidores públicos y sector privado, y obligó, por primera vez, a que todos los servidores públicos hicieran públicas 3 situaciones: 1) patrimonial, 2) de conflictos de interés y 3) fiscal.

Esta Ley 3 de 3 fue ajustada y promulgada como la Ley General de Responsabilidades Administrativas (la “LGRA”) el 18 de julio de 2016, siendo parte, junto con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (el “SNA”), de la legislación secundaria del SNA.

Los temas centrales de la LGRA son que incluye el catálogo de conductas que serán consideradas como faltas administrativas, para servidores públicos y para particulares, así como la posibilidad de atenuar sanciones que pudiesen llegar a ser impuestas a personas morales, cuando acrediten que contaban con una política de integridad, que cumpla, por lo menos, con:

  • Organigrama con funciones, responsabilidades y cadenas de mando.
  • Código de conducta, con mecanismos de aplicación real.
  • Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría.
  • Sistemas adecuados de denuncia, al interior y hacia las autoridades.
  • Entrenamiento y capacitación en materia de integridad.
  • Políticas de recursos humanos para evitar la contratación de personas que puedan ser un riesgo a la integridad.
  • Mecanismos para evitar conflictos de interés.

Por su parte, el SNA es la instancia coordinadora entre distintas autoridades federales y locales para el combate a la corrupción. Integrado por el Comité Coordinador (titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, Consejo de la Judicatura Federal, presidentes del Comité de Participación Ciudadana, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa). Comité de Participación Ciudadana, Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales Anticorrupción.

Como podemos ver, en México, ya existen mecanismos y herramientas para luchar contra la corrupción, lo que falta es que sean utilizados de manera adecuada por nuestras autoridades y que exista la voluntad para hacerlo. Si no es así, de nada servirán estos esfuerzos. El futuro de México está en el aire…

*Socio y Socio Industria en Sánchez Devanny Eseverri, S.C.

 

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