AFP.- Cuando mataron a su hija, Rosalinda García tuvo que volver a ser madre: su nieto José María quedó huérfano en la ola de feminicidios que azota a México y ella y su esposo tuvieron que hacerse cargo de él.

“Es retomar el rol de mamá. Dejo de ser abuela para ser madre. Es (ver) medicinas, médico, cambiar pañales, desvelarse, porque me dejó al bebé de siete meses”, dice García, de 51 años, quien habla entre lágrimas frente a los juguetes y peluches que abarrotan la sala de su casa.

José María, quien observa dibujos animados en un celular casi ajeno al feminicidio de Fanny, su madre, es solo uno de los huérfanos que ha dejado la violenta ola feminicida en México, que arroja 10 asesinatos de mujeres por día, muchos de ellos impunes, según cifras oficiales.

Feminicidios

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El caso de José María –hoy de 2 años y cuatro meses de edad– es usual, pues muchas veces son los abuelos los que quedan a cargo de los menores cuando su madre es asesinada, aunque la labor a veces recae en otros familiares.

Cuando Josefina Cruz comienza a recordar el feminicidio de su hija Adriana hace casi un año, su nieto Sebastián, de seis años, la interrumpe diciendo con naturalidad “…y un señor la mató”.

Cruz, de 60 años de edad, se hace cargo desde entonces de Sebastián y su hermana Ashly Nataly, de 9 años. Los mantiene con lo que gana en un puesto de comida mexicana.

“No me pesa porque siempre he trabajado, pero ahorita por mi estado de salud como que se me está haciendo más difícil”, dice entre lágrimas. “No me da miedo morirme, lo único que me da miedo es dejarlos a ellos solos porque no cuentan con un padre, ni familia”.

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Víctimas indirectas

La violencia machista contra las mujeres en México no disminuye. Las indagatorias por feminicidio han ido aumentando desde las 411 registradas en 2015 hasta las 884 de 2018, según cifras oficiales. En lo que va del año hay 726 investigaciones.

Por ello, miles de mujeres han exigido a las autoridades poner fin a la violencia, pese a que para atender el problema se han emitido varias alertas de género, un mecanismo gubernamental de emergencia.

Sin embargo, los hijos de las mujeres asesinadas habían quedado invisibles para las autoridades.

“En el caso del feminicidio, la mayoría de las mujeres tienen hijos e hijas, (pero) no se hablaba de ellos, nadie estaba muy consciente”, dice Nadine Gasman, titular de Inmujeres.

La ley mexicana reconoce a José María, Sebastián, Ashly Nataly y a otros huérfanos como víctimas indirectas de un delito, por lo que ordena a los tres niveles de gobierno otorgarles salud, educación y asistencia social.

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“Cada ámbito de competencia, es decir, el federal y el local, tienen que establecer bajo sus propios reglamentos y leyes cómo es que van a poder dar atención a estos niños”, dice Gail Aguilar, titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) estima que tan solo de diciembre de 2018 a junio de este año, habría unos 4,275 menores de edad con estas características que requieren apoyo del Estado.

Sin embargo, esa cifra es solo una aproximación del tamaño real de la situación, pues las autoridades la obtuvieron al cruzar el número de indagatorias por feminicidio con los cerca de 2.1 hijos que se estima tiene en México una mujer en edad fértil.

Se espera que para 2020, Inmujeres tenga completo el censo de cuántos menores han quedado huérfanos por la violencia feminicidia.

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Sacar al niño adelante

Rosalinda García y su esposo reciben 330 pesos mensuales (17.24 dólares) del gobierno federal de apoyo a José María, que reconocen son insuficientes. Las autoridades les han ofrecido también atención psicológica y una beca que rechazaron porque el menor todavía no va al jardín de niños.

“Gracias a Dios nuestro trabajo nos ha permitido sacar al niño adelante”, dice García, quien reconoce que ser padres de nuevo les ha impedido guardar luto por su hija.

“Nosotros nunca hicimos duelo. Traemos el dolor adentro porque el hecho de que él nos vea llorar le afecta, a pesar de que es muy pequeño”, dice.

Por su parte, Josefina Cruz busca todo el apoyo que las autoridades puedan darle. La Comisión de Víctimas local ya la apoya con 2,000 pesos al mes para los niños (unos 104 dólares).

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“¿Usted cree que 2,000 pesos mensuales a mí me sirven? Desayunan, comen y cenan, y dicen ‘abuelita, quiero esto'”, dice. “Mi hija los tenía acostumbrados a que todo les daba, todo les compraba”.

Aunque los menores ya reciben atención psicológica, Josefina no está muy segura de querer seguir el caso judicial por el asesinato de su hija hasta dar con el responsable.

“Es bien desgastante, es volver a abrir la herida”, dice. “Todos nos prometen que nos van a ayudar, que nos van a apoyar, yo no lo veo claro”.

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