El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) aseguró en un comunicado que la propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos, que el viernes mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, pone en riesgo el clima de inversión en el sector energético y amenaza a las empresas privadas con expropiar sus instalaciones.
“En caso de aprobarse, esta iniciativa representaría una clara violación a la Constitución y a los tratados comerciales internacionales ratificados por México, lo cual afectaría el ya deteriorado clima de inversión que se observa en el sector energético desde el inicio de la actual administración y especialmente a partir de la reciente aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al atentar contra el Estado de derecho”, explicó.
De acuerdo con el organismo, esta iniciativa le otorga a la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) facultad discrecional para suspender actividades de las empresas.
“Dota de facultades discrecionales a la Sener y a la CRE para suspender las actividades de aquellas empresas que, a su juicio, representen un riesgo y establece que estas dependencias podrán suspender los permisos que han emitido para que empresas privadas participen en las distintas etapas de la cadena de valor de los hidrocarburos” señaló el organismo.
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El IMCO argumenta que la reforma busca beneficiar a Petróleo Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la expropiación de las instalaciones de privados bajo “criterios poco transparentes” como la seguridad nacional, seguridad energética y afectaciones a la economía nacional.
“Esta propuesta de reforma busca desplazar al sector privado que participa en dichas actividades al correr el riesgo de la expropiación de sus instalaciones bajo criterios poco transparentes (…) para beneficiar a Pemex y a la CFE.” afirmó.
También advierte que la reforma permitiría la intervención de empresas del Estado en las instalaciones suspendidas para hacer uso incluso de su personal.
“Tales autoridades podrán ocupar, intervenir o suspender las instalaciones de las empresas cuyos permisos hayan sido suspendidos y contratar a empresas productivas del Estado para que estas manejen y controlen las instalaciones ocupadas, haciendo uso incluso del personal de los permisionarios, bajo el argumento de garantizar la continuidad de las operaciones que ampara el permiso suspendido”, agregó.
El comunicado propone que la discusión en la Cámara de Diputados evalúe el impacto de esta iniciativa en los mexicanos.
“Esto representaría un duro golpe al Estado de derecho y amenazaría las inversiones presentes y futuras, no solo en el sector energético, sino en otros sectores clave para la competitividad de México” destacó.
