El cuestionario que se utiliza para recabar información en torno a los candidatos a ser beneficiados con alguno de los programas sociales del gobierno federal, que se lleva a cabo a través del Censo del Bienestar, es incompleto y no garantiza la recopilación adecuada de datos que brinden un panorama certero de estos sectores.
Así lo advierten especialistas consultados que observaron una copia de este documento que fue entregada por la
Secretaría de Bienestar a través de una solicitud de transparencia elaborada por
Forbes México, toda vez que éste no es público, pese a que las instituciones que se dedican a generar censos transparentan este tipo de información.
El documento que supuestamente utilizan los “Servidores de la Nación”, el grupo de encuestadores encargados de elaborar dicho Censo, carece de una metodología y uniformidad en las preguntas establecidas, no tiene un formato que lo distinga como un cuestionario oficial y en las enfocadas a candidatos de programas de desarrollo social específicos los cuestionamientos son insuficientes.
“Este cuestionario se queda corto hay preguntas relevantes, pero hace falta que se integre información en torno a las condiciones reales de las familias, no sólo que se determine quién necesita los programas sino también qué podría mejorarlos. Por ejemplo, en la parte de educación nada más se enfocan en qué escuela van y qué año cursan”.
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El cuestionario está dividido en varias secciones y, además de solicitar los datos personales de los encuetados, se enfoca en las especificaciones y características de los domicilios, si reciben uno o más apoyos económicos del gobierno federal; además contiene secciones específicas para posibles beneficiarios de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Escolares Benito Juárez, la Prensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Tanda para el Bienestar, el Crédito Ganadero a la Palabra y el Programa de Reconstrucción .
De acuerdo con el gobierno Federal, este Censo está enfocado en recabar información de la población vulnerable en el país y poder inscribirlos a alguno de los programas de desarrollo social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Pero este ejercicio no es el único cuestionamiento al que se enfrenta este ejercicio de levantamiento de información que inició en septiembre de 2018, es decir, previo a que López Obrador asumiera como presidente y se conformara el actual gobierno federal.
Por ejemplo, la Secretaría de Bienestar no ha detallado la metodología que se ha utilizado para obtener la información, el diseño conceptual del censo, los lugares en los que se ha recabado la información, el método de procesamiento de la información y las características de las personas encargadas de llevar a cabo el cuestionario.
La dependencia se manifestó incompetente para entregar esta información solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que los peticionarios procedieron a integrar un recurso de revisión al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien ordenó recabar y hacer pública dichos datos.
Lo que si reveló la dependencia, encabezada por María Luisa Albores, es que para llevar a cabo este “censo” se contrataron a 18,211 personas, conocidas como Servidores de la Nación, que perciben 9,266.43 pesos mensuales.
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