Notimex.- La industria automotriz expresó su temor ante el riesgo de que se abran nuevamente las fronteras a la importación “indiscriminada” de vehículos usados provenientes de Estados Unidos (EU), ante la presión de congresistas y autoridades locales, sobre todo en estados del norte del país.

El director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, reveló presiones para “vulnerar la política pública que regula la importación de vehículos usados y que hasta hoy ha sido exitosa”.

Revertir el decreto que regula la importación de vehículos usados importados, dijo “resultaría un golpe muy importante al crecimiento de la industria, ampliación de planta laboral y en un contexto internacional de ajuste a la baja de la demanda en los principales mercados”.

En entrevista con Notimex, reiteró que todas las organizaciones del sector, como las asociaciones mexicanas de Distribuidores de Automotores (AMDA), de la Industria Automotriz (AMIA), Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y la Industria Nacional de Autopartes (INA), las cuales representan más de un millón de empleos en el país, se oponen a “perder los esquemas de control”.

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Destacó que “los esfuerzos que se han realizado en los últimos meses para modificar las reglas del comercio exterior están permitiendo la vulneración de los controles a través de prácticas fraudulentas”.

Expuso que si bien se reconocen los esfuerzos de la anterior administración, la cual dio jurisprudencia al decreto, luego de que en 2006 se desbordó la práctica con la importación de un millón 300,000 unidades chatarra, en los últimos meses los importadores y las casas de subasta encontraron la forma de introducir autos con documentación apócrifa.

“Si bien reconocemos el mérito, al comercializarse sólo 700,000 unidades en la pasada administración, si se compara con lo que se espera al detener los amparos con los que se vulneraba la legalidad y prosperidad el mercado; hubiera sido deseable que se corrigieran los fallos documentados con la actualización de las reglas generales de comercio exterior”, indicó.

Ante ello, y de cara al inicio de la nueva administración, el directivo resaltó la insistencia de que “se mantenga el compromiso de no ceder a las presiones para legalizar los vehículos de contrabando ni a los que vulneran las importaciones y las reglas”, pues de permitirse será uno de los factores determinantes para detener el desarrollo de la industria automotriz en México.

Con datos acumulados a octubre se registró un incremento de 15.4% en la importación de esas unidades, llegando a 115,787 vehículos, y se estima que al final del año llegarán a introducirse unas 150,000 unidades usadas importadas.

Reveló que el mercado en la frontera norte del país está presionado, ante la falta de respuesta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la administración pasada para modificar las reglas de importación y cerrar el paso a los huecos en la normatividad.

“Es notorio en la frontera, incluso en estados norteños, el aumento de la circulación y comercialización de vehículos ilegales. Un fenómeno que a lo largo de 10 años habíamos visto disminuido y se expandió durante 2018”, resaltó.

Rosales Zárate denunció que la apatía o en muchos casos la conveniencia de las autoridades locales, gobernadores y alcaldes, propició el desborde en esta práctica y con ello las consecuencias.

Asimismo, recordó las consecuencias de no haber atendido la demanda en su momento y los impactos negativos en el mercado, el cual llegó a caer 30%  entre 2009 y 2008.

Además del impacto a las fianzas públicas, emisiones de contaminantes y recursos perdidos, al haberse canalizado ampliar la infraestructura vial.

“Esto que ya vivimos, estamos en riesgo de que vuelva a ocurrir si el presidente Andrés Manuel López Obrador cede a las fundamentaciones o exigencias de congresistas que promueven la regularización de vehículos usados y también si no existe la capacidad de lograr un acuerdo con los gobernadores para poner orden en la introducción ilegal y comercialización impune en las ciudades de la frontera, principalmente de vehículos de contrabando”, concluyó.

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