La industria eléctrica privada chocó con la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador tras un cambio regulatorio que transformará el rumbo de las energías limpias en México.

El desencuentro comenzó con la intención de la Secretaría de Energía (Sener) de modificar las reglas para la entrega de Certificados de Energía Limpia (CELs) a centrales de generación eléctrica. La legislación establecida con la Reforma Energética durante el sexenio priista de Enrique Peña Nieto puntualizaba que únicamente las plantas construidas después del 11 de agosto de 2014 podrían emitirlos, con el objetivo de impulsar nuevas inversiones en energías verdes.

Pero el cambio realizado por el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”, vigente desde el pasado lunes 28 de octubre, permitió la emisión de dichos títulos a las 60 centrales hidroeléctricas y una nuclear de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La dependencia encargada de la política energética justificó su decisión ante una supuesta “especulación comercial” sobre dichos certificados, pues los precios de la electricidad producida con energías limpias aumentaron, y por lo tanto, las tarifas eléctricas para los usuarios finales también, según el acuerdo publicado  en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Pero la industria privada difiere ante esta afirmación. La electricidad que proviene de fuentes limpias para CFE Suministro Básico fue 63% más económica que la energía que la empresa estatal adquiere en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) —incluyendo el costo de los CELs— y más barata que aquella que proviene de los contratos legados con CFE Generación en 37%, según datos publicados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en la Memoria de cálculo de tarifas, citados por las asociaciones eléctricas de empresas privadas.

“Estos beneficios no se podrán obtener con el acuerdo impuesto”, declararon la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro), Cogenera México y la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE) en un comunicado conjunto.

 

Las consecuencias

“La modificación publicada acarrea diversas consecuencias que afectan el desarrollo del sector energético en el país, ya que esta decisión pone en riesgo inversiones —nacionales e internacionales— por más de 9,000 millones de dólares (mdd) que se anclaron en las reglas originales de los CELs”,  manifestó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un comunicado.

El grupo empresarial consideró que la decisión deforma el “único mecanismo” legal para cumplir con las metas nacionales de energía limpia del 35% hacia 2024 y compromisos internacionales para mitigar emisiones contaminantes.

En el anteproyecto del acuerdo, más de 60 actores particulares y organizaciones pidieron a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) abrir el procedimiento de análisis de impacto regulatorio para que la sociedad participara en la discusión de un tema de enorme relevancia tanto por las inversiones ya realizadas como para el futuro económico y ambiental de México, pero ésta libró a la Sener de realizar un análisis más exhaustivo sobre los impactos que tendría la medida sobre el sector.

El 10 de octubre de 2019, el presidente de AMDEE, Leopoldo Rodríguez, explicó en un taller con medios que si entraba en vigor este cambio, se devaluaría el precio de los CELs prácticamente a cero, e incluso pondría en riesgo futuros proyectos renovables, pues la energía de las centrales suele venderse en conjunto con los Certificados en contratos de largo plazo.

La tarde del 29 de octubre, el director general de CFE, Manuel Bartlett Díaz, mencionó que, ante la instrucción presidencial de generar energía, la compañía impulsará a las energías limpias, pero “se antepondrá la soberanía energética” para evitar que se termine subsidiando a terceros, pues “la CFE no tiene por qué subsidiar a empresas generadoras privadas”.

Incluso la titular de Sener, Rocío Nahle García, felicitó a Bartlett por los cambios impulsados en la empresa, “en apego a una política de Estado que busca fortalecer el sector energético mexicano” y destacó el largo trabajo realizado para permitir a centrales generadoras de la CFE emitir los Certificados.

La industria eléctrica consideró que estos cambios contradicen principios básicos de la protección a inversiones, amparados no solo en el marco jurídico mexicano sino internacional, e implican un daño económico directo en los proyectos de inversión privada.

“Acudiremos ante las instancias competentes, nacionales e internacionales, para defender nuestros derechos”,  advirtieron las asociaciones eléctricas en el documento conjunto.

Lee también: CFE emitirá certificados de energía limpia con la nuclear: Sener

 

 

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