Por: Salvador Guerrero Chiprés*
No hay una sola voz pública, con voz y cara reconocible en cualquier segmento social que defienda la idea de que quienes vandalizan propiedades privadas, espacio público, comercios, golpean a periodistas, a policías mujeres y hombres e insultan a los demás cubiertos con una máscara y armados con piedras, bombas molotov o palos con lijas, deban permanecer impunes.
Tampoco hay una sola voz que considere el abuso policial como aceptable.
Respecto de los policías que incurren en violaciones a la ley no hay más que la ley misma en la proporción de su falta.
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Si hemos de aceptar que deben cuidarse los derechos humanos y si asumimos que todos lo son desde la reforma del 2011, los derechos de manifestación, de libertad de expresión, de propiedad y a la seguridad e integridad de bienes de todas las personas deben ser cuidados igualmente porque tienen la misma preeminencia.
Eso es lo que entendemos en el Consejo Ciudadano como justo medio en la aplicación de cualquier protocolo de uso legítimo de la fuerza que llegue a presentarse en las próximas semanas ante el clamor general.
De esa voz abrumadoramente mayoritaria se hizo eco la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando advirtió por la noche, después de que se conoció viralmente del abuso de un par de policías, que no había instrucciones “para reprimir”, que hay inaceptabilidad de mismo exceso citado y cuando refirió la necesidad de garantizar los derechos de terceros como se establece en todas las leyes del mundo y las normativas que son marco de actuación de las policías.
No existe fortalecimiento del Estado de Derecho sin tomar en cuenta la voz de quienes trabajan día a día por la seguridad de la Ciudad. No existe, tampoco, reconocimiento pleno sin condiciones dignas y sin la garantía de protección, de paz y justicia. La responsabilidad restaurativa, el punto de partida de una justicia basada en los Derechos Humanos le corresponde tanto a quienes imparten justicia como a todos los ciudadanos, que somos pieza fundamental para exigirla y asegurarla.
Este lunes, alrededor de 300 efectivos de la Policía Auxiliar, Bancaria e Industrial, entre otros, se manifestaron frente al Palacio Nacional en exigencia de mejores condiciones laborales. Es la otra cara de las inquietudes, aunque en este caso, como en el de los pseudo anarquistas que se han manifestado dentro de otras movilizaciones cuya legitimidad es clara cuando hay causa y hay modo pacífico de expresión, puede haber algunos que no son policías o son voces de otras motivaciones como la resistencia al cambio en la propia institución.
También existe inquietud entre policías que no se manifiestan, pero para quienes no está muy claro su marco de actuación y las garantías que les da la ley.
Hoy, los elementos de seguridad tienen un sistema que permite el ascenso a través del mérito; un sistema que premia la ética y la labor per se y hubo un incremento salarial del 9%, retroactivo y quincenal.
Este martes acompañamos la sesión para la premiación mensual del valor policial correspondiente a tres meses acumulados por la pandemia. Esa premiación no existía sino hasta esta administración.
Además, están las comisiones internas que velan por el propio respeto a sus derechos y que auditan sus tareas, a favor de una justicia al interior de la propia justicia y el combate de la corrupción, del pago de cuotas y extorsiones internas que tanto demerita identidad e imagen.
Las circunstancias de las manifestaciones de los últimos días, el debate sobre las protestas legítimas o ilegítimas, y la provocación, a partir de intereses de terceros, han servido como oportunidad para que el Gobierno de Sheinbaum autoafirme su compromiso de lograr un justo medio entre el respeto a las garantías de la libertad de expresión, de medios de comunicación, transeúntes y la propiedad de ciudadanos dueños de inmuebles y de los comerciantes.
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Habría que recordar que, así como los elementos coludidos han sido cesados, la autoridad de primer nivel externó su agradecimiento y apoyo total con una policía que combate la inseguridad y socorre a la población en la pandemia.
En la nueva normalidad debe estar incluida la clara limitación que tiene cualquier actor político o económico frente a la ley. El armado del nuevo protocolo debe estar orientado en ese sentido.
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Salvador Guerrero Chiprés es Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, ha impulsado causas como la transparencia, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento ciudadano en coordinación con organismos empresariales y autoridades.*
TW: @guerrerochipres
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