El INE sufrió el recorte presupuestal más grande de su historia, mil millones de pesos. Es un hecho grave, pero que no solo se queda en la suma y la resta de los presupuestos, sino que tiene que ver con una ruptura mucho más profunda. 

Lo que ocurrió con el Presupuesto de Egresos de la Federación es el anuncio de que la continua senda reformista en materia electora ya no será transitada y menos significará una herramienta del consenso y la gobernabilidad democrática. 

En los hechos, y si nos atenemos a las propuestas legislativas que tienen por objeto reducir el financiamiento público de los partidos políticos y acotar a tres años la presidencia del Consejo General del INE, estamos en la antesala de una contrarreforma.

Esto es así, porque el ahogo presupuestario está más pensado como un elemento de control. Por eso la narrativa se centra en los sueldos de los funcionarios y en particular de los consejeros, como si el recortarlos significará un ahorro sustancial, aunque todos saben que no es así. 

El gasto fuerte del INE está en el padrón electoral, la credencialización, el subsidio a los partidos políticos, y en la organización de las elecciones con toda la logística que ello implica. 

Pero decir que los consejeros son una “burocracia dorada” funciona para generar presiones y en particular desde una sociedad que ve con recelo a los políticos y que tiene muy mala opinión sobre ellos.

 Morena está usando su mayoría en las cámaras legislativas, para diseñar un nuevo modelo electoral, en teoría menos costoso, pero sobre todo menos independiente y afín a sus propuestas e intereses.

No es que los otros partidos no intentaran o quisieran algo similar, pero la composición y la integración de las bancadas, divididas en tercios, hacían imposible, desde 1997, que una sola fuerza pudiera imponerse. 

Pero la ruptura más delicada es la que tiene que ver con la cancelación de la voluntad que existió, al menos desde los años setenta, para llegar a acuerdos y para fortalecer al sistema de partidos. 

El entramado electoral con el que ahora contamos, solo se explica a partir de acuerdos con todas las fuerzas políticas, en donde inclusive se sacrificó la posición de las mayorías, en aras de construir y lograr legitimidad. 

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Es más, muchas de las transformaciones fueron resultado de propuestas e iniciativas de quienes habían perdido las elecciones y exigían mayores candados y mucha más equidad. Quizá el ejemplo más acabado de esta lógica sea el modelo de comunicación política establecido después de la contienda presidencial de 2006, que prohíbe la contratación de espacios publicitarios en los medios electrónicos, durante contiendas electorales, y que deja al INE el pautado de los spots. La regulación es tan estricta que inclusive está en la propia Constitución.

El diseño provino de las quejas sobre la participación de entes privados en la difusión de campañas negras y en el alto costo que estas tenían, donde los presupuestos públicos terminaban en las arcas de los grandes medios de comunicación.

Es curioso, sin el INE la alternancia política se habría dificultado y sin el financiamiento público, con los esquemas actuales, Morena no habría sido tan competitiva. Vale la pena reflexionar al respecto.

 

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