El discurso político procede a través de énfasis y exclusiones. Construye una versión sobre la realidad a través de una gramática de argumentos que condiciona, en la lógica de quien lo enuncia, la presencia (incluso la intensidad de la presencia) y la ausencia (incluso a través de la minimización) de hechos, datos, personajes y, sobre todo, formas de interpretación de éstos.

En el informe con motivo del primer aniversario de su triunfo electoral, Andrés Manuel López Obrador hizo una especie de compendio de los datos que, a su juicio, constituyen las señales de avance en los primeros siete meses de gobierno, además de reconocer las áreas críticas en las que están pendientes los resultados prometidos, en particular la seguridad pública.

De inmediato, como era de esperarse, desde distintos frentes se desencadenaron reacciones contradictorias. En los extremos, el aplauso y la denostación. En el medio, los análisis ponderados.

Los datos contenidos en el informe, en buena medida ya tratados en sus conferencias matutinas, dejan claro que en materia de estabilidad financiera no hay razones para una preocupación importante. Así lo reconocen incluso quienes señalan, paradójicamente, que hay una visión “neoliberal” en la concentración de controles en el nivel de la macroeconomía.

Las medidas populares y de fácil “venta” política (abandonar Los Pinos, poner a la venta el avión presidencial, bajar el salario a altos funcionarios, eliminar las pensiones presidenciales, subir los salarios mínimos sin efecto inflacionario, el combate al huachicol, etc.) tuvieron lugar junto con otras no tan comprensibles o incluso discutibles (la contención del gasto público, la reducción de plantillas en el sector público, el acuerdo para detener la migración masiva, los procesos de licitación para el sector salud y los efectos que, en algunas zonas, han tenido en el abasto de medicamentos, etc.), por lo que el saldo queda a criterio de la posición política de quien las analiza.

Desde la oposición, aún mermada y con dificultades extremas para reponerse del golpe recibido hace un año, los esfuerzos de descalificación permanecieron en el mismo sitio que han mostrado no sólo desde el arranque del gobierno actual, sino incluso desde muchos años antes: medias verdades, mitos, francas mentiras y, por supuesto, énfasis en los datos que manifiestan malas condiciones de la realidad mexicana. Con un agregado: a siete meses de gobierno, el pasado -según este discurso opositor- ya no cuenta, ya no vale, ya no debe aludirse… porque ya tenía que haberse resuelto lo que se acumuló a lo largo de cuando menos tres décadas.

Los análisis ponderados colocan la mira en lo que se conoce como “curva de aprendizaje” y en la improvisación de algunas medidas que, en efecto, tuvieron consecuencias no esperadas. Aun reconociendo la sensatez en el manejo macroeconómico, insisten en la certidumbre como factor esencial para atraer la inversión y hacer crecer la economía a un ritmo mayor.

Y es aquí en donde se manifiesta la disputa por la realidad, considerando que hay datos estadísticos para apuntalar versiones contradictorias. La del empleo, por ejemplo, es auténticamente un asunto de conceptualización, incluso utilizando los mismos datos oficiales del IMSS: caída abrupta en la generación de empleos nuevos o incremento en la población con actividad remunerada.

Ambas versiones son sostenibles, dependiendo del concepto de “empleo” que se utilice.

No obstante, me sigue pareciendo demasiado temprano para sacar conclusiones o, como han hecho algunos desde hace muchos años, recurrir a la bola de cristal y anunciar escenario alguno para el futuro.

Lo único que no me parece sujeto a duda es el ambiente animoso de discusión de los asuntos públicos del país. Algo que sí me parece verdaderamente celebrable.

 

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