EFE.- El Parlamento Europeo dio este jueves luz verde por procedimiento acelerado al desembolso a Ucrania de 5,000 millones de euros más en ayuda macrofinanciera para que pueda hacer frente a las necesidades más urgentes por la invasión rusa, como mantener las funciones críticas del Estado.
Este préstamo concedido en condiciones extremadamente favorables deberá suplir las crecientes necesidades de financiación externa de Ucrania tras su pérdida del acceso a los mercados financieros internacionales y el cada vez más elevado coste del daño a carreteras, puentes, fábricas, viviendas, hospitales y otras infraestructuras por los ataques rusos.
En un comunicado, el Parlamento subrayó que la concesión de la asistencia macrofinanciera está condicionada a que Ucrania respete “los mecanismos democráticos efectivos” pese a “la concentración de poder en el Ejecutivo por la guerra”.
La propuesta de la Comisión, a la que ya han dado también luz verde los Estados miembros, prevé que los 5,000 millones se entreguen a Ucrania en forma de préstamos a largo plazo con condiciones favorables y en varios pagos, así como que el presupuesto comunitario cubra los intereses y costes administrativos.
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Como es tradicional en los programas de asistencia macrofinanciera, la Comisión Europea captará los fondos en los mercados financieros y para ello en esta ocasión usará como respaldo garantías que tendrán que aportar los Estados miembros para completar las provisiones que quedan disponibles del presupuesto de la UE.
Este nuevo tramo forma parte del paquete de 9,000 millones de euros en asistencia macrofinanciera que los Veintisiete se comprometieron en junio a entregar a Ucrania este mismo año y del que hasta ahora solo se ha desembolsado una partida de 1,000 millones de euros debido a las diferencias entre los socios sobre cómo financiar la ayuda.
Para ese primer desembolso de 1.000 millones, la Comisión captó los fondos en los mercados con el respaldo del presupuesto comunitario, pero para los 8.000 millones de euros restantes será necesario que los Estados miembros aporten avales financiados con sus presupuestos para respaldar las emisiones, tal y como se hizo, por ejemplo, con el fondo SURE contra el paro durante la pandemia.
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