Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que la inacción del gobierno de Enrique Peña Nieto generó que 4 millones de trabajadores fueran contratadas por empresas de subcontratación ilegal en México.
“Encontramos un esquema histórico de inspección por parte del gobierno muy laxo e inexistente y al amparo de los huecos de la legislación actual y la inacción gubernamental creció el fenómeno de subcontratación ilegal”, declaró el funcionario en el foro Descifrando el empleo, organizado por Forbes Latam.
“Hicimos cálculos que aproximadamente 4 millones de trabajadores en México, infiriendo los datos de las inspecciones, pudieran estar en esquemas de subcontratación ilegal”, comentó el ex director de Delegaciones en STPS.
Salafranca Vázquez es el encargado de liderar un equipo de 600 inspectores laborales, cuyas responsabilidades incluyen: implementar normas de salud y seguridad, garantizar el cumplimiento de las normas laborales, coordinar los programas de inspección de inspección laboral a nivel estatal y federal, capacitar a los inspectores laborales y promover políticas de trabajo seguro y decente.
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Al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador el gran reto desde la Secretaría del Trabajo fue dimensionar el problema de subcontratación ilegal y abusiva había en el país y definir si era un fenómeno grande como era percibido por la sociedad, sindicatos y empleados, recordó.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador le tocó dilucidar si el marco legal contaba con las disposiciones para combatir la subcontratación ilegal, agregó el titular de la Unidad de Trabajo Digno.
“En coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con el Infonavit fue salir a la calle y recorrer todo el país a hacer inspecciones para detectar la subcontratación”, comentó.
La Unidad de Trabajo Digno fue la encargada de hacer entre 4,500 y 5,000 inspecciones, que abarcan un universo de 850 mil trabajadores: “Y encontramos el modus operandi de la subcontratación ilegal”, manifestó.
Agregó que no fueron inspecciones aleatorias, sino inspecciones con información de muchas áreas que permitió ir a donde se sospechaba que había defraudación fiscal al Servicio de Administración Tributaria.
“Nos encontramos que había un esquema inmenso, que afectaba a entre 8450 mil y 900 mil trabajadores de esquemas vulnerando la ley actual”.
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“La subcontratación ilegal puede abarcar a 4 millones de trabajadores de un universo total de 21 millones de trabajadores formales, lo cual es importante tenerlo en cuenta para ver el tamaño y la dimensión de la problemática”, manifestó Alejandro Salafranca Vázquez.
Alejandro García, VP de Recursos Humanos de Grupo Prodensa, recuerda que en otros tiempos hubo falta voluntad política para ir en contra de la subcontratación ilegal, la cual evade impuestos y defraudan a los trabajadores.
El directivo de la empresa contó que la subcontratación es una figura existe en la legislación desde 2012 y en los últimos 8 años múltiples empresas la usaron para contar con una variedad muy amplia de servicios especializados.
Hace 2 años que la Ley Federal del Trabajo sufrió su más grande transformación y en noviembre de 2020 el presidente de la República presentó una iniciativa para prohibir la subcontratación ilegal, agregó Alejandro García.
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Jaime Rojas, socio director de Skatt Consultores, dijo que el encarecimiento de la mano de obra orilló a que muchos empresarios contratan servicios de la subcontratación ilegal en México.
“Una distorsión espantosa (del encarecimiento de la mano de obra) es el nacimiento de ciertos proveedores de outsourcing, que con engaños y con un uso inadecuado de las disposiciones fiscales y legales provocan dos efectos”, comentó el consultor.
El empresario a veces engañado y consciente acuda a modelos, que en apariencia les reduce los costos, contrataba a una empresa de subcontratación ilegal, explicó. Por el otro lado, los proveedores toman los beneficios que constituyen una defraudación fiscal, ya que a través del engaño perjudicaron al trabajador y al SAT, agregó.
“Hoy estamos viviendo una consecuencia de algo que en el tiempo pudo haberse resuelto de una manera muy diferente”, concluyó Jaime Rojas.
