El sector privado pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional el llamado plan B de reforma electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Llamamos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que, tras la revisión de las acciones de inconstitucionalidad del plan B, se declare que las reformas no se apegan a lo establecido en nuestra Carta Magna”, manifestó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El sindicato patronal aseguró que México no necesita una nueva legislación electoral y conminó a los senadores a no atentar contra los derechos políticos y electorales conquistados por los ciudadanos ante la discusión y aprobación de las reformas del plan B en la Cámara alta.
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“Como empresarios y ciudadanos insistimos en que —tanto las actuales instituciones que organizan las elecciones como los procesos que se llevan a cabo para hacer posible la participación ciudadana libre e informada en periodos electorales— funcionan y cumplen su objetivo de brindar certeza a los ciudadanos en los periodos pre y postelectorales”, indicó Coparmex.
El INE, agregó, es resultado de una lucha ciudadana por décadas y ha demostrado ser exitoso durante los últimos 30 años, pues hoy los votos cuentan y se cuentan.
Los ciudadanos, insistió el organismo empresarial, serán los más perjudicados con el plan B electoral, pues se pone en riesgo la posibilidad de tramitar o reponer la credencial de elector, se desmantelaría la estructura de módulos del INE, se despediría a cerca de 2 mil funcionarios del INE que organizan las elecciones y capacitan a los ciudadanos para que instalen casillas y cuenten los votos, afectaría la confiabilidad del Programa de Resultados Electorales Preliminares y muchas otras acciones que serían daños irreparables.
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La Coparmex reiteró que, si bien las normas son perfectibles, éste no es el momento de una nueva ley o legislación electoral.
De aplicarse las modificaciones propuestas, éstas generarían incertidumbre en todo el proceso electoral de 2024, en el que se tiene prevista la participación de por lo menos 95 millones de mexicanos para renovar, entre otros cargos, la Presidencia de la República, las Cámaras de Diputados y Senadores, Congresos estatales y 9 gubernaturas, añadió.
“Confiamos en que tanto el Tribunal como la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelvan las impugnaciones que lleguen a presentarse en el menor tiempo posible, sin presiones, para evitar daños mayores a nuestra democracia”, manifestó a su vez Rodrigo Fernández Martínez, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León.
Como se ha demostrado en múltiples procesos electorales, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han garantizado la continuidad en la organización de los comicios, con plena autonomía y con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir cabalmente con todas las etapas de los mismos, agregó el dirigente empresarial.
“Ambas instituciones han observado, en todo momento, sus obligaciones constitucionales”, abundó.
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En ese contexto, los industriales de Nuevo León pidieron que el ajuste a las leyes electorales se realice con tiempo, sin prisas, sin presiones, con base jurídica y con total transparencia para buscar amplios consensos.
“Lamentablemente en el cierre del último periodo de sesiones, los legisladores concretaron, aunque (de forma) parcial, ajustes al sistema electoral sin la debida discusión pública y sobre todo sin la participación de la sociedad”, expresó el dirigente.
Rodrigo Fernández agregó que los cambios aprobados afectarán la estructura institucional y los recursos con los que el INE debe organizar los comicios de este año y la elección presidencial del 2024.
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