Los cambios integrados al dictamen que reforman diversos artículos de la Constitución Mexicana para la creación de la Guardia Nacional son insuficientes para evitar que el Ejército encabece la estrategia para atender la crisis de inseguridad en el país.

Aunque el mando de la Guardia Nacional recaerá en una autoridad civil, la reforma constitucional que aprobaron los diputados federales establece que la estructura jerárquica, disciplina y profesionalización estará a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Integrantes de organizaciones internacionales y nacionales de protección de derechos humanos, académicos y líderes de asociaciones civiles enfocados en seguridad, advirtieron que poner a las fuerzas Armadas al frente de la estrategia de seguridad no disminuiría la crisis de criminalidad en el país, y que por el contrario representaba una amenaza para los derechos humanos.

“La militarización de la seguridad pública sigue vigente, los cambios propuestos resultaron ser una pantalla, dicen que es mando mixto y hablan de una adscripción civil de la Guardia Nacional, pero todo lo operativo, lo presupuestal, el ascenso del personal y la capacitación del personal depende de la Secretaría de Defensa, a la que se le dan facultades suplementarias autónomas que ninguna otra dependencia tiene, algo sumamente delicado” apunta Alejandro Madrazo Lajous, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

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El dictamen aprobado el pasado 16 de enero con 348 votos a favor, 108 en contra y 10 abstenciones, establece que la Guardia Nacional se conformará como una institución policial de carácter y dirección civil.

La estructura organiza de esta institución estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y tendrá una Junta de Jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de las dependencias de seguridad, Defensa Nacional y Marina.

La Sedena se encargará de la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional.

La Secretaría de Seguridad estará a cargo de elaborar un programa nacional de seguridad, así como programas operativos, políticas, estrategias y acciones.

Los delitos cometidos por elementos dicho cuerpo de seguridad en el ejercicio de las funciones de la misma serán conocidos por la autoridad civil, y los delitos contra la disciplina militar por autoridades y tribunales militares.

En tanto que las personas detenidas por sus elementos deberán ser puestas a disposición en instalaciones de las autoridades civiles que correspondan.

El Congreso de la Unión expedirá la ley orgánica de la Guardia Nacional dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, y las leyes que reglamenten el uso legítimo de la fuerza y el registro nacional de detenciones durante los 120 días posteriores a la entrada en vigor.

Madrazo advierte que con la integración del ejército a las tareas de seguridad se observan aumentos en índices de letalidad en enfrentamientos entre personal del estado y delincuentes y la tortura.
De acuerdo con el estudio, La tortura como Método de Investigación Criminal: El Impacto de la guerra Contra las Drogas”, citado por Madrazo Lajous; la posibilidad de sufrir maltrato o tortura por parte del ejército pasó de 21% a 72% después del gobierno de Felipe Calderón.

“No es que el ejército sea malo, es que es una herramienta inadecuada para enfrentar una crisis de seguridad pública, el ejército no está entrenado, equipado, organizado o diseñado para realizar tareas de seguridad pública, está diseñado para hacer tareas de defensa exterior y los resultados catastróficos es porque tiene entrenamiento para matar enemigos en caso de guerra”, señala el especialista.

Un aspecto positivo de los cambios integrados al dictamen es la eliminación del artículo séptimo transitorio que establecía que el Consejo de Seguridad Interior y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de los dos años siguientes a partir de la entrada en operaciones de la Guardia Nacional, realizarán un diagnóstico de la fuerza y capacidades de las corporaciones de seguridad pública federales, estatales y municipales.

El dictamen aprobado en la Cámara Baja se turnará al Senado de la República para su análisis y aprobación.

 

 

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