Para que la Guardia Nacional se constituya como un instrumento para la preservación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia a través de un mando civil es importante establecer que el poder disciplinario, el presupuesto para su operación y el entrenamiento de los efectivos estén a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Si estos elementos no se integran al dictamen que reforma la Constitución para la creación de este cuerpo de seguridad, los cambios sugeridos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que tenga un mando civil serían “una simulación”, advirtió Alejandro Madrazo Lajous, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En el marco de las audiencias públicas organizadas por la Cámara de Diputados para analizar esta iniciativa de reforma, Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública, anunció que era necesario replantear los términos del diseño original para ubicar este ente administrativo en el ámbito civil.

La propuesta original establecía que la Guardia Nacional estaría integrada por elementos de las policías militar y naval, así como de la Policía Federal. Sin embargo, académicos, representantes de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos y líderes empresariales advirtieron que permitir que la seguridad nacional quedé en manos de las fuerzas armadas sería un error.

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De acuerdo con el funcionario federal el objetivo es transitar al diseño de un cuerpo de seguridad pública ubicado en el ámbito civil, pero con niveles de disciplina, régimen de servicios, ascenso, prestaciones, ingreso, educación, capacitación profesional y doctrina, homologados a los que se aplican actualmente en el ámbito de la Fuerza Armada permanente.

En ese sentido, Madrazo alertó que, al momento de la redacción de reservas del dictamen, es decir los cambios, continúen los poderes sustantivos al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Si hacemos caso a lo que dijo Durazo, lo que vamos a tener es una simulación en la cual van a adscribir a la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad, pero todos los poderes sustantivos que constituyen el mando, la disciplina, el presupuesto, el entrenamiento quedaran fuera de la Secretaria y en ese sentido es una simulación”, apuntó.

Otro punto del dictamen que necesitará ser modificado es el artículo séptimo transitorio que establece que a partir de los primeros dos años de la entrada en vigor de la Guardia Nacional se realizaría un diagnóstico para determinar sus capacidades, además de sancionar a entidades que incumplan en materia de seguridad pública.

“Lejos de fortalecer a las instituciones locales, las debilitaría y las sometería a las instituciones federales y específicamente instituciones castrenses”, apuntó el especialista.
La posibilidad de los militares para privar de la libertad a las personas, que establece este dictamen, es otro punto a vigilar en los cambios que se integrarían, afirmó Madrazo Lajous.

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, afirmó que los cambios al dictamen se presentarían en el plano durante el periodo extraordinario, que se llevará a cabo el 16 de enero.

 

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