Por Alzbeta Klein*

Desde hace dos décadas, América Latina atraviesa un crecimiento sin precedentes. La rapidez con la que se produjo este cambio aumentó la demanda de energía, infraestructura moderna y servicios. La región, sin embargo, continúa siendo muy vulnerable ante los efectos del cambio climático, pues el motor de su transformación económica se fundamenta en su geografía y dependencia de los recursos naturales. No sorprende que la transición a una economía con bajas emisiones de carbono y resistente al cambio climático se haya convertido en una prioridad urgente para la región. Ponerla en marcha requerirá billones de dólares en financiamiento, lo que abre una enorme oportunidad para escalar inversiones climáticamente inteligentes impulsadas por el sector privado.

La buena noticia es que la alza en la demanda de recursos también abre puertas para inversiones resistente al cambio climático en sectores clave que van de la energía limpia a la infraestructura urbana. Un informe publicado recientemente por la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, considera que tan solo las inversiones regionales en transporte urbano climáticamente inteligente y en infraestructura alcancen más de un billón de dólares para el 2030. El reporte Creating Markets for Climate Business considera que los países pueden acelerar este crecimiento mediante la implementación de políticas con visión de futuro y formando alianzas innovadoras con empresas del sector privado para enfrentar los desafíos ambientales.

Al presentar compromisos nacionales durante el histórico Acuerdo Climático de París 2015, 33 gobiernos de América Latina y el Caribe enviaron una clara señal a empresas e inversionistas de todo el mundo de que las industrias bajas en emisión de carbono se convertirán en motores de crecimiento de la economía global futura. Estos compromisos se combinaron con un marco de nuevas políticas que están cambiando fundamentalmente los incentivos en mercados emergentes, lo que detona oportunidades para la inversión climáticamente inteligente. Costa Rica, por ejemplo, se fijó los objetivos de convertirse en la primera nación neutral en emisiones de carbono para el año 2021 y alcanzar el 100% de producción de energía renovable para 2030. Del mismo modo, potencias económicas globales ambiciosas como Brasil y México establecieron objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (la nación carioca en 37% para 2025, y la azteca en 20% para 2030). Los proyectos generados por esta fuerte llamada de atención ganan fuerza porque las empresas han cobrado conciencia de que la implementación de una estrategia comercial baja en emisión de carbono también puede ser beneficiosa para sus resultados económico. Además, estos proyectos contribuyen a la creación de empleos y, a menudo, aumentan los ingresos en comunidades vulnerables a los costos del cambio climático.

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Actualmente, América Latina y el Caribe es la región más urbanizada del mundo, con el 80% de la población viviendo en ciudades y áreas urbanas. La colaboración innovadora entre los sectores público y privado en estos entornos ayuda a dar forma a las trayectorias de desarrollo de estas áreas, pues muestra cómo la promoción de la prosperidad económica compartida puede ser compatible con la sostenibilidad ambiental.

Recientemente, Colombia, Costa Rica, México y Perú adoptaron códigos de construcción ecológica que se espera den como resultado nuevos edificios que consuman hasta 4 % menos de agua y de energía. Las nuevas herramientas de software, incluido el programa Excelencia en Diseño para Mejores Eficiencias (EDGE), de IFC, ayudan a planificadores urbanos a establecer objetivos y crear diseños de edificios eficientes en el manejo de recursos. Además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la construcción y de ahorrar dinero a los residentes a través del consumo reducido de servicios públicos, estas medidas también atraen el interés de las principales instituciones financieras. Por ejemplo, los bancos comerciales más grandes de Colombia, Bancolombia y Davivienda, se asociaron con IFC para emitir un total de 260 millones de dólares en bonos verdes para ayudar a financiar proyectos de inversión climáticamente inteligentes, incluyendo edificios ecológicos. En última instancia, estos proyectos ayudarán a grandes ciudades como Bogotá a reducir las emisiones en 16 % con respecto a los niveles de 2007 en 2019, lo que equivale a evitar 190 mil toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero. El éxito de estos bonos verdes tiene un impacto catalítico en una comunidad más amplia de inversionistas institucionales latinoamericanos, el 85 % de los cuales planea aumentar la proporción de inversiones climáticamente inteligentes en sus carteras.

América Latina está en proceso de convertirse en un líder mundial en el desarrollo de infraestructura de transporte eficiente para las ciudades. En Buenos Aires, Argentina, el transporte público representa casi la mitad del PIB del país y transporta seis millones de pasajeros cada día laboral. Para impulsar la conectividad urbana, disminuir la congestión y reducir la contaminación por el uso de automóviles, la ciudad se embarcó en un ambicioso plan de inversión de transporte de 400 millones de dólares. Con la introducción de carriles exclusivos e infraestructura para su sistema de autobús de tránsito rápido (BRT) y ciclismo, la ciudad les ha ahorrado a los pasajeros hasta 1.2 millones de horas al año en tiempos de viaje, en tanto reduce la contaminación del aire en 40%. A la fecha, 65 ciudades en América Latina y el Caribe ya implementaron sistemas de BRT similares.

Al impulsar sus ciudades en crecimiento, el sector de energía renovable de América Latina también atrae un gran interés por parte del sector privado. Brasil es uno de los 10 principales mercados nacionales de inversión en energías renovables, con 6.8 mil millones invertidos tan solo en 2016. Para diversificar sus sistemas energéticos y aliviar la dependencia a los combustibles fósiles importados, los países de la región introducen la licitación en la producción energética para las redes eléctricas nacionales.

La iniciativa de RenovAr en Argentina, por ejemplo, abre paso a 3.5 mil millones de dólares en financiación para proyectos solares y eólicos conectados a la red por 2.4 Gigavatios mediante subastas para atraer a desarrolladores del sector privado. Estas inversiones reducirán las emisiones de carbono en dos millones de toneladas, lo que equivale aproximadamente a quitar un millón de automóviles de la carretera. Del mismo modo, se espera que la caída de los costos de las tecnologías de mini-red y almacenamiento de energía atraiga futuras inversiones en la región para sistemas de energía renovable fuera de la red, con inversiones anuales en el mercado de almacenamiento de energía de América Latina que se espera lleguen a dos mil millones de dólares para el 2025.

Creemos que las oportunidades descritas impulsarán el interés de inversionistas, bancos y empresas en proyectos climáticos, al tiempo que ayudarán a los gobiernos a mejorar el diseño y la implementación de políticas públicas sostenibles. En cuestiones de clima, la humanidad no debe abordarlo como una era de cambio, sino un cambio de era. Para lograrlo, los gobiernos de América Latina y el mundo toman medidas para repensar los objetivos de desarrollo con el fin de mejorarlos mediante la sostenibilidad y el crecimiento verde, y el sector privado responde con iniciativa, innovación y creación de oportunidades comerciales.

*Directora Global de Climate Business para IFC.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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