Las empresas son el sector más ignorado por las ofertas políticas y por las propias políticas públicas. Las reformas económicas de las últimas décadas se enfocaron en estabilizar la economía y en liberalizar a los mercados, pero eso no generó mejores condiciones para las empresas y, en particular, para que éstas tengan incentivos para invertir y generar empleos de calidad.

Después del Estado interventor y promotor, que logró la industrialización del país, pero que no logró consolidar empresas competitivas, desde las últimas décadas del siglo XX el Estado facilitó la creación de monopolios privados por medio de la privatización y la regulación capturada. El resultado fue la famosa economía de cuates, en la que unos pocos hacen muy buenos negocios, normalmente a costa del consumidor y de las rentas de bienes que el Estado concesiona.

Las grandes corporaciones internacionales han también invertido en estos negocios de alta rentabilidad y en otros conectados con el mercado de Norteamérica, en la industria automotriz y electrónica, básicamente. El resultado es una economía que crece poco, genera empleo de baja calidad, no absorbe tecnología, por lo que tampoco innova, se invierte poco, las empresas medianas y pequeñas no se desarrollan, las grandes no incursionan a sectores intensos en capital y el crecimiento se concentra en un puñado de industrias y regiones. La pregunta es qué es en todo esto de las ofertas políticas lo que puede ayudar a que las empresas crezcan?

La infraestructura. Una razón evidente de que el país no crece es que a pesar de que el gasto público ha aumentado, cada vez invertimos menos en infraestructura. Además, cuando lo hacemos, en general se trata de proyectos mal planeados y peor ejecutados. No tenemos, porque no destinamos recursos a ello, ni proyectos ejecutivos, ni evaluaciones ex post de las obras, ni un padrón de la infraestructura pública nacional. Es decir, no sabemos cuáles proyectos tendrán mayor rentabilidad social.

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Por eso, aun cuando hemos tenido más gasto de inversión tampoco crecemos. La inversión tiene que ser orientada a detonar crecimiento. En ese sentido es necesario establecer medidas para incrementar el contenido nacional de dichos proyectos y para que empresas medianas y pequeñas participen en los mismos, así como buscar que la inversión sirva para absorber tecnología. La inversión en infraestructura tiene que servir para mejorar la competitividad del país y detonar los proyectos privados, es decir para que las empresas prosperen.

El sistema financiero. Una promesa incumplida fue generar mayor competencia en el sistema financiero, con la finalidad de reducir los costos de la intermediación, ampliar las posibilidades de ahorro y ampliar la oferta de crédito. Sobre todo la destinada a la inversión. Decenas de empresas mexicanas tendrían que encontrar espacio para ofrecer servicios de ahorro y crédito en mejores condiciones, en distintos nichos de mercado.

Carecemos de una oferta de banca de bajo costo para la población de ingresos bajos, lo que hoy les ofrecemos es caro y riesgoso. Las empresas tienen dificultades serias para financiarse, especialmente cuando se trata de proyectos con rentabilidad de mediano plazo, lo que precisamente son intensivos en capital y en tecnología. La regulación de la banca en México ha tenido como único objetivo evitar una nueva crisis financiera. Sin embargo tenemos que lograr que también sirva para financiar el desarrollo.

La política industrial. Por años la idea de política fue en realidad buscar condiciones para poder comerciar con el exterior y, en todo caso, mejorar lo que se llama el medio ambiente de negocios. En realidad lo último ha quedado en la reducción de trámites para la apertura de negocios. Carecemos de una estrategia para impulsar con financiamiento, facilidades y la política arancelaria adecuada a las industrias en las que tenemos ventajas comparativas, o en las que existen condiciones para construirlas ya que nos interesa por su capacidad de generar desarrollo.

Los programas públicos federales de fomento están desligados de los estatales y de la propia banca de desarrollo, carecemos de objetivos concretos en la materia y no construimos las políticas con las propias empresas. Instituciones como las universidades tendrían que ser parte de dicha estrategia para generar mejor capital humano y conocimientos útiles para incrementar la productividad. El estado ha sido considerado como un problema que en realidad hay que evitar para crear riqueza, cuando puede ser una mano muy útil para detonar crecimiento.

El sistema fiscal. El sistema fiscal mexicano continúa siendo tan impredecible como complejo. Peor aún, continúa recaudando poco. Lo primero que tendríamos que ofrecer a las empresas en materia fiscal es estabilidad, con esquemas más simples, para que la planeación en el largo plazo sea posible. Lo segundo sería poder deducir una mayor proporción y en los plazos convenientes la inversión física que realice.

Tercero, buscar recaudar más por medio de tributos que no desincentiven la inversión. Una fuente obvia es recaudar de manera adecuada el impuesto predial. México recauda alrededor de dos puntos del PIB menos por ese concepto con respecto a otras economías de América Latina con ingresos promedio similares. El gobierno federal serviría para financiar las inversiones necesarias en padrones y en fotografías aéreas, apoyaría en el cobro y en ciertos casos, se podría encargar incluso de administrar el impuesto.

La seguridad. México ha avanzado en el cumplimento de los contratos entre particulares y en el respeto de los derechos de propiedad de las personas. Falta, por supuesto mucho que avanzar en el combate a la corrupción en el propio Poder Judicial. Casos como el de la apropiación de propiedades públicas y privadas por parte del gobernador priista de Quintana Roo fue posible gracias a una red de corrupción que tocó a todos los poderes.

Ahora, el problema mayor para el desarrollo de la empresa privada en México es la seguridad. En la ineficiente estrategia de combate al crimen organizado la prioridad no ha sido la seguridad ciudadana, lo que incluye a las empresas. No existe una política que permite aprovechar y coordinar los esfuerzos de los privados para enfrentar la inseguridad con lo que hacen las instituciones públicas.

Reducir el robo de mercancías, proteger a los trabajadores, combatir el contrabando no son las prioridades. Mientras la idea de seguridad sea la de los aparatosos operativos para aniquilar presuntos delincuentes en medio de la población civil, difícilmente se va a generar un clima para que las empresas florezcan. Lo que se requiere es de intervenciones, equipamiento y estrategias eficaces para prevenir el delito que afecta de la actividad empresarial y la seguridad de empleados y clientes.

 

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