Hace unos días un comando de la Secretaría de Marina atacó con un fuego lanzado desde un helicóptero a una casa de una colonia de Tepic, en la que se encontraba un presunto narcotraficante. El Secretario de la Marina, un almirante, no un civil como en cualquier democracia, señaló que la decisión de disparar con intensidad desde el helicóptero se tomó para mostrar fuerza.

La lógica del lenguaje y la estrategia de los marinos es, no sorpresivamente, debido a su carácter militar, de ataque a un enemigo, no de un operativo para capturar presuntos delincuentes. Seamos claros, el operativo de Tepic no pasaría con éxito examen alguno sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza.

Existen dudas serias sobre la estrategia que, por el uso de efectivos militares, maximiza el uso de la fuerza. Eso impide procesar a los delincuentes y cuesta las vidas de no pocos inocentes. Cuestionar la estrategia no es cuestionar ni el compromiso de las Fuerzas Armadas con el país, ni su integridad.

Lo que se exige es que las acciones que, en teoría temporalmente, realizan los militares, se basen en inteligencia, utilicen protocolos y no hagan un uso excesivo de la fuerza. Se pide que las acciones de seguridad, como cualquier otra política pública, tenga objetivos claros, sea evaluada y se rindan cuentas. Eso va a ser mucho más difícil que suceda con las iniciativas que hoy circulan en materia de seguridad interior.

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Del operativo de Tepic desconocemos muchas cosas. No sabemos con precisión la duración del ataque, el tipo de arma utilizada y el tipo de información de inteligencia con base al cual se tomó la decisión de realizar un operativo como el que se realizó. Desconocemos si se valoró tratar de capturar a los presuntos delincuentes o realizar el operativo en un lugar en donde no estuviera la población en riesgo.

Es verdad que sería inadecuado que toda esa información fuera pública, pero tendríamos que tener versiones públicas y mecanismos de supervisión legislativos y de expertos. En nombre de honor de las Fuerzas Armadas y de su prestigio, se nos pide confiar, no pedir cuentas, ni evaluar su desempeño.

Disminuir la violencia en el país es posible, pero para eso tenemos que construir instituciones confiables de prevención, policiales, de investigación y control y evaluación de las agencias de seguridad. El debate se limita tratar de legalizar lo que hoy hace el ejército, no a proponer políticas de seguridad ciudadana.

Los responsables de que la violencia crezca en el país son los militares, no son los civiles. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su auditoría de desempeño de cumplimiento de las metas y objetivos del programa de fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública de la Secretaría de Gobernación, concluye que el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) no pudo incidir en mejorar las instituciones de seguridad. La ASF señala fallas en los procesos de generación de información y en el análisis mismo del fenómeno delictivo.

Se encuentra que no existen políticas coherentes ni en materia de prevención del delito, ni de coordinación. Es decir, una década después de la famosa guerra contra las drogas, el principal organismo de evaluación del país encuentra que ni procesamos información de violencia, ni tenemos análisis adecuados, ni políticas de prevención solventes, ni nos coordinamos en materia de seguridad.

El CNS no pudo acreditar que utilizó la evidencia para el diseño de su estrategia, dice la ASF. Cinco de los once instrumentos para fortalecer la policía y coordinar el combate a la criminalidad simplemente no ofrecen información alguna.

La falta de una política de seguridad basada en evidencia ha sido súplica por el trabajo de académicos y consultores. Los datos muestran que la violencia se ha incrementado en los últimos años y que son las intervenciones militares las que están relacionadas con el incremento de la misma.

El uso excesivo de la fuerza genera una espiral de violencia. Como no se detiene a los delincuentes, pues tampoco es posible obtener información valiosa para desmantelar a las bandas. Como no se combate con eficacia ni el tráfico de armas, ni el lavado de dinero, entonces las bandas cuentan con enormes recursos para repeler los ataques.

Como la población teme al ejército, entonces en general no participa en la denuncia, que permita las detenciones sin violencia. Como los operativos son excesivos, se generan daños serios a los civiles, lo que genera fricciones en las comunidades y críticas severas a los militares. Como no existen mecanismos efectivos para la investigación de los abusos y en general de lo idóneo de los operativos, estos no mejoran.

Como los operativos violentos se conciben como una forma de justificar y visibilizar el combate al crimen, entonces se busca generar espectáculo, no minimizar el posible daño en la población.

La discusión tendría que estar en saber que queremos (la seguridad ciudadana), que evidencia tenemos de lo que ha funcionado en México y en otras naciones, y cómo podemos alcanzar objetivos concretos como la reducción de homicidios y en general de los delitos violentos.

Para eso requerimos de un plan concreto para reconstruir a las policías, que no se limita a la sola cuestión del mando. También medidas efectivas para combatir fenómenos como el tráfico de armas, la sobrepoblación carcelaria, para regular el uso de la fuerza por parte de las autoridades y para invertir de manera estratégica en la infraestructura que requiere la seguridad.

Se requiere tomar en serio la prevención del delito como una acción permanente de las autoridades, atender a las poblaciones más proclives de formar parte de la delincuencia y ofrecer oportunidades de desarrollo a comunidades hoy controladas por el crimen organizado. Tenemos que cuestionar la propia política de drogas y los enormes daños que genera la prohibición. Es decir, lo que necesitamos es discutir cómo vamos a terminar con esta guerra.

 

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