La industria de la comunicación es compleja en términos de los distintos medios, que la integran, formas de propiedad, regulación, cobertura, no digamos de contenidos, así como lo son también sus públicos. En el espacio privado y social, dichos actores cumplen necesidades de audiencias que son muy específicas de acuerdo a su demanda de contenidos, así como de la forma en que se les hacen llegar, en términos de los formatos de entretenimiento, difusión, noticias, etc.

Sin embargo, el espacio gubernamental tiene incluso más complejidades, debido a que los distintos actores cuentan con medios de muy diversa índole, añadiendo complejidad al problema. Por ejemplo, hay dependencias del gobierno federal que cuentan con diversos medios de comunicación y agencias de contenidos que, si bien funcionan en el contexto de los intereses gubernamentales, definir cuál es ese interés y en qué momento se expresa es complicado. No digamos los distintos contenidos que se construyen por áreas especializadas de dichas dependencias, o aquellos que obedecen a intereses netamente de gobierno.

En el sentido estricto, una cosa son los medios gubernamentales y otra su condición pública. Es claro también que los gobiernos pueden definir el tipo de política que ampara dicha condición, por ejemplo, hay países donde dichos medios son autónomos con respecto al gobierno, mientras que hay otros donde tienen una clara dependencia orgánica y editorial. Los primeros fundamentalmente en países democráticos, mientras que los segundos se encuentran en aquellos donde la necesidad de control es más evidente.

En el caso de México, la 4T ha buscado reformular la política de comunicación y control de medios a través de reformas a las leyes, particularmente la orgánica de la administración pública, centralizando la comunicación del gobierno en un solo espacio, aunque en la práctica ha sido en un solo actor con sus ruedas de prensa mañaneras.

En el caso de los contenidos, hay gobiernos que se ven tentados a delinearlos, limitando o editando la información que se presenta a través de distintos formatos, en buena medida, siguiendo el modelo rousseauniano donde el Estado debe velar por los valores que funcionan en el contexto social y que se expresan a través de los medios.

En ese contexto, uno de los temas que han atraído la atención, además de la centralización de la comunicación social, es el manejo de los medios públicos. En esta categoría hay una complejidad de actores, aunque el común denominador es que todos funcionan con dinero público. Por ejemplo, universidades, dependencias de gobierno de los tres poderes, etc., son parte de este conglomerado. La intención de centralizar el control de ellos implica también el de sus contenidos, lo cual resulta grave en un contexto democrático.

Por ejemplo, Notimex es la segunda agencia de noticias en América Latina, pero ha servido como espacio de difusión de las distintas administraciones públicas, por lo que el control de su línea editorial ha sido necesario y ahora no es la excepción. El problema es que, a diferencia de otras agencias de noticias gubernamentales, no tiene autonomía de gestión, lo que compromete esa línea editorial.

En los gobiernos, hay tentación por el control de los medios, pero cuando se busca controlar la línea editorial y se generan contenidos, se convierte en un espacio de propaganda gubernamental, lo cual, en el contexto de la democracia contemporánea, es inaceptable. Pues, aunque sean agencias que dependan de la administración pública, tienen un carácter público, lo que implicaría la posibilidad de autonomía, independencia, inclusión, multiculturalidad, entre oros principios. La promesa de la 4T es que las cosas serían distintas, pero el desapego a los contrapesos y la búsqueda de centralización y control, entre otras cosas de los medios y sus contenidos, nos aleja de una condición democrática con el posible resultado de un gobierno no populista, sino autoritario.

 

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