El malabarismo verbal al que recurren los políticos mexicanos es excepcional, pero peligroso. Nunca contestando directamente una pregunta, pareciera que el guion evasivo con el que interactúan con los medios de comunicación, así como entre ellos mismos, es uno diseñado a la perfección para hablar mucho y no decir nada, disfrazando de verborrea sus peligrosas intenciones. La circunstancia geopolítica en el entorno global de las interacciones que conllevan una gran carga de emocionalidad histórica que definen el pensamiento e intención de nuestras comunidades… pareciera el argumento perfecto para iniciar el proceso de respuesta a una simple pregunta, cualquier pregunta, que busque una explicación sensata respecto de la violencia que está viviendo Mexico.

Si bien, como lo anotamos aquí la semana pasada, hay procesos, específicamente, en la Ciudad de Mexico que parecieran diseñados para incrementar la convivencia a la defensiva a partir de regulaciones mal elaboradas y peor ejecutadas que agreden constantemente al ciudadano, en el resto de Mexico las políticas federales de contención y ataque a la delincuencia organizada han atomizado los grupos con los que era posible negociar a partir del respeto por territorios señalados y respeto hacia los no involucrados en eventos comerciales de compra, venta y traslado de droga, para crear células que delinquen bajo sus propias reglas al ritmo de la desintegración del aparato de seguridad de los gobiernos federal y estatales -la salida del Ejercito a funciones policiacas destruyó el valor implícito del poder militar como el ultimo e infranqueable contenedor de la violencia-, creando un auténtico estado de guerra en muchas poblaciones. Si comparamos la información generada de las distintas regiones del país durante el proceso revolucionario de 1913-1917, seguramente encontraremos un paralelismo entre la información que llegaba entonces de todo el país con la información que fluye hoy en día: inseguridad en caminos y carreteras, toques de queda voluntarios, armamentismo y defensa personal al margen de las regulaciones policiacas y jurídicas, descomposición de las instituciones de gobierno que son sustituidas por autogobiernos improvisados por la población civil, descrédito total a las estructuras y los funcionarios de gobiernos federal, estatal y municipal, desconfianza absoluta al ejercicio político, y, finalmente, el asalto sin mesura del dinero del erario por parte de burócratas de todos los niveles. Si agregaremos al comparativo informativo del que estamos hablando el factor electoral con procesos como los que se llevaron a cabo en el Estado de Mexico y en Coahuila, puede que hasta termináramos con información aún más violenta que la de aquellos años revolucionarios.

En este contexto de violencia, es alarmante ver como los fanáticos del statu quo -con las ventajas de control y contención social que conllevaba su estructura anterior- están haciendo hasta lo imposible para cuestionar y llevar a modificaciones y posible desuso, la reforma al sistema de justicia penal de Mexico. La reforma más importante de nuestra historia contemporánea, sin duda. Más en medio de este ambiente de violencia.

Consecuencia de esquemas verticales de orden y gobierno, la justicia penal en México estaba basada en el castigo como forma represora de contención social. En el antiguo sistema penal la carga de la prueba la tenía el acusado, lo que posibilitaba que ante la potencial insubordinación de aquellos que estaban desde la déspota perspectiva que define a la oligarquía nacional, por determinación histórica y social obligados a obedecer disciplinadamente y sin cuestionamiento, se les crearan cargos falsos, o interpretados convenientemente, que ahogaban al acusado en el torbellino de un sistema corrompido del que, sin dinero ni conexiones adecuadas, era imposible salir. A esto hay que sumar la creación de los llamados ‘delitos graves’, catálogo de acciones diseñado para incrementar la amenaza de castigo -por ejemplo, el delito de robo, que sin importar el monto de lo robado, un tomate o un banco, implicaba prisión preventiva- que, antes del juicio o sentencia, exigían la prisión preventiva de manera que el acusado, adicionalmente a verse obligado a presentar pruebas que demostraran su inocencia, lo tenía que hacer desde la cárcel, aumentando, en un ejercicio extremadamente cruel y destructivo, la imposibilidad de salir del torbellino del sistema. Así, las cárceles en México comenzaron a sobrepoblarse con personas acusadas -sin importar su culpabilidad o inocencia- que estaban en proceso, aún no sentenciadas, que convivían diariamente con delincuentes probados, convirtiéndo a las cárceles en un, como su nombre lo indica, auténtico centro de readaptación social en el que la contaminación criminal fue desbordada.

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Como ocurre en México, a lo largo de nuestra historia, cuando las leyes y los sistemas se hacen con esta visión oligárquica de desprecio al subordinado -social, laboral, político, cultural-, el ‘pueblo’ tiende a solidarizarse creando redes y espacios de negociación que son, por lo general, más eficientes y honorables. El manejo corrupto del amparo, o las mañas para esconder expedientes de juicios en curso, cooptar a la policía de investigación para evitar la persecución del acusado, sobornar a los secretarios de los jueces -que en el sistema penal previo a la reforma, eran quienes ‘estudiaban’ y recomendaban al juez al procedimiento a seguir en cada caso-, facilitar la fuga y supervivencia del acusado fuera de la cárcel, o por el otro lado: la compra de sentencias para garantizar la acusación y detención, el soborno a la policía de investigación para detener ‘ilegalmente’ al acusado, la compra de juicios para retrasar por años el proceso que mantenía al acusado en la cárcel preventiva.

La reforma al sistema penal, entre muchas otras aportaciones valiosas como el juicio oral que confronta al acusado y al acusador con un juez siempre presente -anteriormente todos los juicios eran por escrito creando miles y miles de hojas que eran el sustento de cada paso del proceso sin nunca ver o conocer al juez, asistido por los secretarios antes mencionados-, o la posible negociación previa al juicio que acelera el resultado de una querella, se basa en una modificación que elimina de golpe las pretensiones oligárquicas de abuso de poder vía la contención social al llevar la carga de la prueba al acusador. Esto es: para acusar a alguien de algún delito es necesario presentar las pruebas. En el sistema penal anterior la carga de la prueba estaba del lado del acusado, con lo que cualquier persona podía acusar a cualquier persona de algún delito, y el acusado tenía que demostrar que no era culpable. Esta enorme reforma elimina la concepción déspota del sistema penal, pero exige una modificación en todos los elementos que conforman un sistema penal, muy importantemente la parte de la investigación policiaca, la dictaminación de los ministerios públicos y la exactitud de la acusación y argumentos de la fiscalía. Con una ventana más transparente y visible en los procesos y juicios, la corrupción se ha frenado, seguramente de manera temporal, exhibiendo los defectos y deficiencias del aparato de justicia penal. Ahí está el problema, en la falta de preparación de los participantes en la investigación y conformación jurídica del delito, no en la reforma en sí misma.

La parte alarmante de los detractores de la reforma penal es el reaccionarismo que, en aguas revueltas como las que vive hoy Mexico, pretenden regresar a sistemas de imposición autoritaria. En medio del entorno de violencia que estamos viviendo, al contrario, quitar al Estado herramientas de represión y contención son la única forma de tratar de encontrar una salida hacia un futuro que sea un poco más amable.

 

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