Durante las elecciones del 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en un tsunami que arrasó con sus rivales. Su triunfo fue construido con promesas de tinte nacionalista, como aumentar la producción de gasolinas y congelar sus precios. Pero la mayor incertidumbre que ha desatado es la revisión de los contratos del gobierno actual con empresas privadas derivados de la reforma energética.

“Vamos a revisar los contratos. En el caso de que haya anomalías, aquellos que no se hayan celebrado de conformidad con la ley y que impliquen actos de corrupción se van a impugnar, pero siempre en el cauce legal”, declaró el vencedor de la jornada electoral en presencia de Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el pasado 4 de julio en una conferencia de prensa.

Ahora, la industria energética enfrentará el reto de descifrar cuáles serán las prioridades de la siguiente administración y sus implicaciones para toda la cadena productiva del sector.

“Cualquier señal de una intervención más agresiva en el sector energético, y tal vez cualquier aplazamiento de futuras subastas de energía, también podría provocar que los mercados se asusten”, advirtió Edward Glossop, economista para América Latina de la firma Capital Economics.

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Durante los últimos cuatro años, el gobierno priista organizó nueve fases licitatorias de las que han surgido 107 contratos petroleros, con inversiones comprometidas por encima de los 160,000 millones de dólares (mdd), mientras el ciudadano de a pie sigue sin percibir los beneficios.

“Aunque la implementación de la reforma energética probablemente desacelerará, especialmente al principio del periodo de López Obrador, esperamos que continue con su trayectoria actual”, detalla Ixchel Castro, manager of Latin America oils and refining markets research en Wood Mackenzie.

 

¿Más refinerías?

López Obrador ha prometido construir dos refinerías nuevas en el país mientras el Sistema Nacional de Refinación trabaja por debajo de 50% de su capacidad, principalmente porque el petróleo pesado que México produce es más difícil de procesar para la infraestructura disponible, enfocada en crudo ligero.

Rocío Nahle, propuesta como futura secretaría de energía, dijo a Forbes México que los dos complejos refinadores que se sumarían a la infraestructura de Pemex costarían 6,000 millones de dólares (mdd). La principal crítica que ha recibido esta propuesta es si podría ofrecer precios más competitivos que los reportados en el extranjero y que la compañía no pierda más dinero en actividades que no sean rentables.

“Los esfuerzos para fortalecer a Pemex beneficiarán a los consumidores si la administración continua promoviendo un mercado competitivo bajo las mejores prácticas internacionales”, agrega a su vez Castro en un reporte.

La expansión o modernización de la capacidad de refinación del país y el control o limitación de los precios del combustible líquido tienen el potencial de acelerar el debilitamiento del perfil crediticio de Pemex, dependiendo de cómo y si nueva administración implementa estas políticas, coincide la calificadora Fitch.

El miércoles 4 de julio, el ganador electoral se reunió con su futuro gabinete para empezar a trazar los ejes de la transición política, y la reforma energética será pieza clave para la octava nación productora de petróleo.

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