Uno de los aspectos más relevantes de la discusión a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, giró en torno a los contrapesos que tendría como presidente, ante el control que tiene su fuerza política en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Uno de ellos, pero que muy pronto se rindió, fueron los gobernadores con orígenes partidarios distintos al de Morena. A pesar de que varios de ellos mostraron una actitud desafiante en algún momento previo y posterior a la elección, muy rápidamente se plegaron a las opiniones y proyectos del presidente electo.

Ante un Congreso y un Ejecutivo dominados por la misma fuerza política, queda el otro poder, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con mecanismos que le permitirían incrementar sus espacios de decisión a partir de las capacidades de poder que han desarrollado, pero también por las herramientas de decisión constitucional que les permiten influir en el espacio de la división de poderes.

Sin embargo, esta semana, concluye su periodo uno de los ministros, mientras que, en febrero del año entrante lo hará otra ministra. En ese sentido, López Obrador tendrá la posibilidad de influir en la designación de dos espacios de la Corte que, como en el caso de Trump en Estados Unidos, resultarían fundamentales para influir en las posiciones que la Corte tendrá, sobre aspectos donde el poder presidencial pueda ser desafiado por estados o municipios, órganos autónomos, o cualquier otro actor político que haga uso de las distintas herramientas de control constitucional.

Si bien dos ministros no son suficientes para modificar la balanza de poder en el contexto de las decisiones de la Corte, si lo son para influir en la posibilidad de declarar o evitar, la inconstitucionalidad de leyes aprobadas por el Congreso, u otros actos del Ejecutivo. Si analizamos esto a la luz del comportamiento histórico de la Corte, podemos ver que un bloque importante de ministros usualmente ha tendido a votar en favor del Ejecutivo, más aún cuando ese Ejecutivo sigue en funciones.

Hasta 2021 es cuando López Obrador tendrá otra oportunidad para influir en la designación de otro espacio en la corte, incrementando su capacidad de influencia sobre sus decisiones. De esta forma, el único espacio de posible contrapeso a las decisiones del presidente puede quedar bajo su control, en un momento en que el conflicto por las decisiones de los primeros años pueda estar en su apogeo.

En ese sentido, es posible prever que parte del conflicto provendrá de los esfuerzos de centralización que se han venido configurando a partir de esta administración, sino que también han sido apoyados por la actual legislatura del Congreso. Dicha centralización, no únicamente pone en riesgo a los grupos políticos locales, sino que también abre la posibilidad a la modificación de la lógica de poder en los estados, con la consecuente desestructuración de la relación entre ellos y la Federación.

En ese sentido, la idea del contrapeso de poderes como se configuró desde la Constitución de 1824 y la de 1857, que se contienen en la de 1917 y hasta la actualidad, puede estar enfrentado un desafío fundamental, más allá del dominio del Ejecutivo durante la época de gobiernos priistas.

Las condiciones actuales son distintas, pero habría que recordar que la institucionalidad y el Estado de Derecho, son fundamentales para el funcionamiento de la democracia, lo que no se ha visto en el contexto de las primeras decisiones del nuevo gobierno.

 

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