Por Natalí Faxas

Entre los años 2001 y 2014, la constructora Odebrecht distribuyó 92 millones de dólares (mdd) en sobornos para lograr adjudicarse 17 obras. Si calculamos esos sobornos a la tasa actual, hablamos de aproximadamente RD$4,232 millones (mm) en 13 años, es decir, RD$325 mm por año. Es poco menos del presupuesto destinado este 2017 a la Procuraduría General de la República (RD$4,769 mm), la institución que sobre sus hombros tiene que hacer pagar a esos corruptos.

Con el dinero que recibieron los sobornados, que según el expediente acusatorio salió de las adendas de las obras, el gobierno pudo haber construido en un año cuatro escuelas más como la que hizo en Los Alcarrizos en 2016 —a un costo de RD$74.8 mm— o cinco nuevas unidades de atención primaria valoradas entre RD$50 y RD$60 mm, o haber restaurado la biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

La corrupción desvía los recursos del Estado y reduce las partidas destinadas a proveer servicios públicos básicos, haciéndolos más costosos y de menor calidad para la población más pobre. Este es el efecto más potente de la corrupción política, un mal que no se exhibe con la claridad que lo hace la inseguridad ciudadana, pero que deja daños en cadena, actitudes sociales que multiplican la corrupción y, de paso, aleja las inversiones.

En coyuntura con el escándalo Odebrecht, fue paralizado el desembolso de recursos para la obra cumbre del presidente Danilo Medina: la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

Esta planta, valorada en 2,040 mdd, tiene un financiamiento de 632 mdd por parte del pool de cinco bancos europeos que integra el Grupo Sace.

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De esta cantidad ya fueron desembolsados 361 mdd; pero en enero pasado, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) fue notificada de la suspensión de estos fondos. Y eso fue a propósito de la investigación del proceso de licitación y adjudicación de Punta Catalina, obra que ganó el Consorcio Odebrecht Tecnimont-Estrella y que todavía se mantiene operando.

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Faltan por entregar de los fondos europeos 271 mdd, pero ya el gobierno emitió otros 500 mdd en bonos soberanos para continuar. Precisamente, el distanciamiento de inversionistas “de calidad y comprometidos”, es una de las secuelas de la no transparencia.

El escenario corruptivo “lo que atrae son inversiones que procuran beneficios a corto plazo, a partir de privilegios frecuentemente ilegales”, analiza el economista Pavel Isa Contreras, como respuesta inmediata de la corrupción política.

Pavel explica que otra de las consecuencias es que ésta incrementa la demanda por crédito del Estado, o bien aumenta los impuestos de bolsillo: “Si los recursos con los que cuenta, parte de ellos, son extraídos por la corrupción, el Estado requiere de más recursos para cumplir esas obligaciones y lo hace endeudándose”, puntualiza.

En dos décadas se han formado entidades estatales, se han firmado convenios internacionales, se han parido leyes contra la corrupción.

Pero llevar estos papeles a la práctica, la seguridad jurídica y la transparencia institucional siguen siendo retos para consolidar el clima de negocios e inversión. Los sobornos fueron la pieza más pequeña para lograr los beneficios que multiplicó esta constructora en cuatro periodos gubernamentales, entre los dos partidos que han dominado el escenario político nacional de los últimos 20 años.

 

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