En el contexto de los gobiernos populistas, un enemigo declarado es la sociedad civil, debido a que es uno de los pocos actores que pueden disputar con el gobierno, el discurso y la autoridad moral sobre los distintos temas que se plantean pero, fundamentalmente, porque construyen mecanismos de mediación y organización social, que claramente compiten con las clientelas electorales del, o los, partidos que apoyan al gobierno.

Las organizaciones de la sociedad civil son espacios de organización e incidencia pública, que buscan impactar áreas específicas de acción, para resolver problemáticas que no son atendidas, o que son atendidas parcialmente por el gobierno o el sector privado pero, además, es un espacio de interacción política cuya lógica es distinta a las redes clientelares de los partidos u otras estructuras políticas, porque no buscan asumir el poder que ellos tienen.

En ese contexto, el incremento de los problemas de inseguridad que se han dejado sentir en el país y sus ciudades más importantes, podrían ser reducidos si las administraciones federal, estatales y municipales vieran a las organizaciones sociales en diversos temas como aliadas, más que como competidoras de los espacios de legitimidad social, que no necesariamente electoral, debido al trabajo que realizan cotidianamente.

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La sociedad civil está constituida por ciudadanas y ciudadanos que se organizan para incidir en decisiones públicas, sobre temas específicos de la interacción social. Aquellas que se dedican a los temas de seguridad con sus diversas vertientes como secuestro, robo, violencia de género, etc., cuentan con una experiencia que, en la mayoría de los casos se generó a partir de vivencias reales que les llevó a involucrarse en dichas temáticas.

La administración federal actual ha visto con cierto desdén, no únicamente los mecanismos de combate a la inseguridad creados por administraciones pasadas, sino también el papel de la sociedad civil para la construcción de mecanismos concretos para la solución de dichas problemáticas.

Por esa razón el presidente ha decidido dejar sin fondos a la mayor parte de las organizaciones sociales, retirándoles el dinero que a través de los mecanismos de fomento que se habían creado para las organizaciones de la sociedad civil.

A diferencia de quienes integran organizaciones sociales en otros sectores como el educativo, el de desarrollo social o el de medio ambiente, aquellas que se dedican a seguridad, han enfrentado en general, las problemáticas de violencia que se dejan sentir en diversas regiones del país, lo que les hace enfrentar no únicamente a grupos de delincuentes, sino también a las estructuras de la burocracia de procuración de justicia mexicana.

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En diversas ocasiones, activistas en el área de seguridad han sido revictimizadas o revictimizados e, incluso, han perdido la vida en manos de aquellos quienes ya habían cometido delitos en su contra, con la indiferencia de las autoridades. Esto imprime mayor compromiso de estas organizaciones, además de seriedad en la forma en que abordan las problemáticas que buscan resolver.

En lugar de incorporar a estas organizaciones con experiencia, el presidente defiende a la jefa de gobierno, asumiendo que quienes la critican están en su contra y no se les debe escuchar, en el contexto del último secuestro que concluyó en el asesinato de la víctima.

Al contrario, a diferencia de otras áreas de participación, es precisamente en la sociedad civil donde la administración federal puede encontrar aliadas y aliados comprometidos, con liderazgo, trabajo y experiencia para avanzar a mejores estrategias para reducir su incidencia, además de que el compromiso de estas personas está ligado su sobrevivencia y la necesidad manifiesta de que la inseguridad se reduzca.

 

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