La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso multas por más de 154 millones de pesos a licitantes, proveedores y contratistas por encontrarles alguna irregularidad en la venta de bienes y servicios, así como en la construcción de obras públicas.

“Se impusieron 155 sanciones en materia de contrataciones públicas a 140 empresas, por un monto total de 154 millones de pesos”, informa el Tercer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

El documento entregado a la Cámara de Diputados, quien lo analizará y revisará a detalle, explica que del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021 se emitieron 209 resoluciones, de las cuales 155 fueron sancionatorias y 54  se emitieron en otro sentido (absolutorias, improcedencias e incompetencias).

Para evitar el abuso en las contrataciones públicas, la SFP cuenta con atribuciones normativas para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de sanción pertinentes en contra de licitantes, proveedores y contratistas.

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La SFP explica que es necesario resolver el fenómeno de la delincuencia, por lo que ve como indispensable erradicar la corrupción de la administración pública en todos sus ámbitos. 

Ante ello, la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de Control en el Sector de Seguridad, impulsaron actividades para vigilar y acompañar los procesos de adquisiciones y contrataciones públicas, así como para prevenir y, en su caso, sancionar faltas administrativas y riesgos de corrupción.

Se difundió el padrón de personas físicas y morales sancionadas por la SFP para garantizar que no participen en la celebración de contratos con la Administración Pública Federal.

“Dicho padrón está contemplado en la ley desde 2000, pero fue hasta 2008 que se aplicó”, dice la dependencia a cargo de Roberto Salcedo Aquino.

También realizaron un análisis trimestral de las contrataciones públicas en las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional, para garantizar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como asegurar al Estado mexicano las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

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Las entidades dieron seguimiento a las contrataciones llevadas a cabo por excepción, y se constata que estén justificadas.

Durante el periodo del 1 de septiembre al 30 de junio de 2020, se realizaron 2,529 contrataciones por adjudicación directa con proveedores y contratistas, así como 492 contrataciones por invitación a cuando menos a tres personas, recuerda la SFP.

Añade que se realizaron 13 revisiones programadas, que representan 54.2% de las auditorías registradas en el Plan Anual de Fiscalización.

“Se verificó que los procesos de contrataciones, ejecución, administración y pago de los contratos (con los proveedores y contratistas) se lleven a cabo de conformidad con la legislación y normativa aplicable”, explica la SFP.

“De ser necesario, se determinan las observaciones por presuntas irregularidades”, expone.

Se verifica el cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana, en los procesos de contratación y otras normas aplicables, concluye la SFP.

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