De los saldos que ha traído la elección intermedia de 2021 sobresale el cambio en la titularidad de la Secretaría de la Función Pública, derivado de las funciones de esta institución en el combate contra la corrupción, que es una agenda especialmente promovida por el presidente.
Con una basta experiencia transexenal en el servicio público, Roberto Salcedo Aquino es Subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción dentro de la SFP y anteriormente, desde el 2000 y al inicio de la administración federal, se desempeñaba como auditor especial de Desempeño en la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Si bien son habituales los movimientos de gabinete a medio término de administración, los cambios de titulares de la SFP junto con el de la Secretaría de Hacienda, con la llegada de Rogelio Ramírez de la O y la propuesta de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México, destacan por el momento en que se dan, luego de la elección del 6 de junio y los saldos para el proyecto presidencial. Respecto al cambio en Hacienda, el presidente habló de la consolidación de la “misma política económica”, en un sentido similar al utilizado para referirse al cambio de titular de la SFP: “se continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad”.
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Aunque la llegada de Roberto Salcedo podría representar un cambio en las prioridades de esa dependencia, específicamente en el papel de los órganos internos de control de las dependencias federales, es previsible una continuidad en la estrategia anticorrupción como se ha entendido hasta ahora bajo el mandato del presidente.
Una de las apuestas más ambiciosas de la SFP desde 2018 fue “ciudadanizar” el combate contra la corrupción a través de la puesta en marcha de mecanismos para alentar la denuncia contra actos ilegales, así como para garantizar la protección de denunciantes, una de las mejores prácticas para combatir la corrupción, desde la perspectiva comparada. Sin embargo, desde su origen, el programa de alertadores lanzado en 2019 recibió severas críticas, algunas meramente mediáticas, al intentar asimilarlo con la puesta en marcha de verdaderas “estructuras de terror al estilo cubano”, pero también algunas otras que correctamente señalaban el pendiente legislativo para que el Congreso regulara la denuncia y la figura de alertadores.
Será interesante conocer el nuevo énfasis que tendrá la llamada ciudadanización del combate de la corrupción bajo la dirección del auditor Salcedo Aquino al frente de la SFP. Por lo pronto, entre los diversos pendientes que encontrará el futuro secretario será proponer al Ejecutivo un proyecto de Ley de protección a denunciantes de actos de corrupción para su discusión en el Congreso, posiblemente ya en su nueva integración partidista.
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Por otro lado, la experiencia de Roberto Salcedo podría verse reflejada en un mayor énfasis en el papel de los llamados Órganos Internos de Control (OIC) de las dependencias de la administración pública federal, lo que en una primera instancia ameritará un balance y evaluación de tal estructura, así como una mayor coordinación entre las contralorías estatales y la Federación.
A pesar de que el perfil de Roberto Salcedo promete un cambio en la conducción de la SFP, lo que podemos esperar es continuidad en la comprensión y las medidas de combate contra la corrupción, tal como lo hemos visto desde 2018. De aquí al cierre de la administración federal los brazos contra la corrupción seguirán en la UIF, el SAT y la FGR, tal como lo ha dejado claro el presidente a lo largo de dos años y medio de gobierno.
Contacto:
Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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