La planta de Lala en Irapuato enfrenta multas de hasta 3.7 millones de pesos (mdp) por cada una de las irregularidades halladas por las autoridades.
“El monto podría sumarse y ser un número mayor”, reveló el subprocurador de inspección industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Arturo Rodríguez Abitia, en entrevista con
Forbes México.
No obstante, los criterios de la multa no tienen que ver con el daño, que deberá repararse por separado.
“La multa es un castigo por una conducta inadecuada, y si la sanción alcanza millones, no quiere decir que ese dinero se usará para reparar la calidad del agua del río”.
Las autoridades tienen cinco criterios para imponer estos castigos:
- Capacidad, que en el caso de Lala es alto.
- Beneficio económico, que sin duda es cuantioso.
- Gravedad de la infracción, importante si se considera que el río pasa por dos zonas metropolitanas: Irapuato y Salamanca, además de alimentar al río Lerma.
- Reincidencia, pero es la primera sanción en materia de agua a la compañía.
- Negligencia, es decir, conocimiento de la obligación y no cumplirla, donde puede aplicar los cinco años de descargas contaminantes.
Profepa aclaró que la planta clausurada es su filial dedicada al tratamiento de aguas residuales, Lala Derivados Lácteos, pues el pasado 5 de junio, la empresa que dirige Scot Rank informó que su planta productora sigue operando.
Aquí la historia completa: Planta contaminante de Lala en Irapuato sigue operando pese a clausura
Con su planta clausurada, la firma lechera envía sus aguas contaminadas a la planta estatal Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami) con el uso de pipas.
Sin embargo, Irapuato no tiene la capacidad para recibir toda el agua contaminada que Lala genera si ésta trabajara a capacidad total, y solo envía entre 150 y 400 metros cúbicos diarios, por lo que su fábrica funciona a la mitad de su capacidad.
Cinco años de contaminación
La Ley de Aguas Nacionales obliga a las empresas a realizar pruebas por un laboratorio independiente, validado por la Entidad Mexicana de Acreditación, un organismo no gubernamental.
Aunque Lala había realizado los estudios desde 2012, las autoridades encontraron que había rebasado 17 parámetros delimitados para su fábrica.
“Los límites se excedieron. Lala estuvo excediendo los límites permisibles desde 2012”.
Forbes México solicitó a Lala una postura sobre el incidente, pero no obtuvo respuesta.
Uno de los elementos que más llamó la atención fueron los coliformes fecales, presentes en el excremento de todos los animales, particularmente de humanos.
Una concentración muy alta en el agua es suficiente para generar un problema para la salud humana y otros ecosistemas. Los coliformes fecales pueden observarse en toda la materia orgánica, pues su contaminación es fácil de encontrar en el medio ambiente.
El funcionario ambiental dijo que esta sustancia no tiene nada que ver con sus productos finales y que la leche estaba bien pasteurizada, con estándares internacionales.
“La gente debe estar tranquila. La calidad de la leche no tiene nada que ver con las descargas”.
En la planta se producen distintos lácteos con la leche bronca, y lo que ocurre es que retiran la grasa de la leche para hacerla bebible, pues consumir leche bronca generalmente provoca malestar estomacal.
Daño de toneladas
Hasta que la compañía mexicana no demuestre que su planta funciona adecuadamente y puede descargar solo los límites establecidos, la clausura permanecerá. Eventualmente se le exigirá una compensación por daños ambientales por los 22,000 toneladas de contaminantes excedentes que vertió en el río.
“Para ellos es más costoso sacarlas en pipa que tratarla en la planta. Serán los primeros interesados en resolverlo”, añadió el funcionario.
Según Profepa, una de cada 20 compañías termina con una irregularidad grave que amerita clausura.
Al preguntarle qué tipo de empresas contaminan más, Rodríguez respondió que no tiene que ver con la actividad industrial, sino con la conducta empresarial. “Aunque se piensa que son las cementeras y mineras, por la magnitud y tipo de operaciones, tiene que ver más con irresponsabilidad”.
No todas las empresas se portan mal. Además de las inspecciones, Profepa cuenta con programas voluntarios para reducir emisiones, descargas y generación de residuos industriales. En su programa nacional de auditoría ambiental hay 2,500 empresas con un certificado vigente y otras 2,500 en proceso de validación. También hay 1,000 unidades económicas más en la cadena de valor de los gigantes corporativos que buscan cumplir con medidas más allá de las establecidas por la ley.
Ambos esfuerzos se traducen en una reducción de cerca de 8 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente.
“Pero con esas mal portadas, como Lala, tenemos que entrarle de otra manera”, finalizó el funcionario.
