Las concesiones mineras, observadas con lupa

Desde 2015, habitantes de 29 comunidades de Chiapas están organizados en el frente popular en defensa del Soconusco Y buscan evitar la expansión de la actividad minera que se ha dado en la región. El Soconusco es la región costera de la zona limítrofe sur entre México y Guatemala, la cual fue conquistada por grupos nahuas. Actualmente, ésta concentra 21 concesiones mineras, que implican un impacto sobre 51,000 hectáreas. Este terreno incluye sitios protegidos para conservación; uno de ellos es la Reserva de la Biósfera El Triunfo, donde existen siete concesiones mineras Los pobladores de estas comunidades alertan que la operación en esta reserva pone en peligro animales como el mono araña, la nauyaca, el tapir, el quetzal, el pavón y el tucancillo verde, además de que, afirman, se afecta al bosque de niebla más importante de Norte y Centroamérica, el cual alimenta el río Grijalba. Éste es sólo uno de los 45 conflictos activos que México tiene en materia de minas. El último análisis de la Cepal “Estado de situación de la minería en América Latina y el Caribe: Desafíos y oportunidades para un desarrollo más sostenible” arroja que, entre 2014 y 2018, el número de conflictos pasó de 29 a 45. De hecho, es el sector que más disputas tiene, sólo seguido por Chile, con 43, pese a que la minería tiene un peso tres veces más grande en el PIB de Chile (9%) que en el de México (menos de 3%). Las concesiones vigentes otorgadas por el gobierno federal en el Soconusco tienen permisos de explotación hasta 2050 y 2060; algunas de las empresas señaladas son El Puntal, que controla 500 hectáreas en el municipio de Acacoyagua, y el proyecto minero El Bambú, que explota titanio en el municipio de Escuintla desde 2009 y pertenece al grupo mexicano Obras y Proyectos Mazapa. Algunas de las afectaciones documentadas por el expediente de la queja, recopilada por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, son que las muertes por cáncer en el ejido de Cacaos, aledaño a la reserva El Triunfo, han aumentado de 7% a 22% entre 2005 y 2015, periodo coincidente con la llegada de las mineras. Algunos denuncian la afectación de sus tierras por los vertidos químicos y la afectación de los manglares costeros, así como por la contaminación de los ríos y la muerte de peces. El Congreso discute cambios a la ley minera que permitirían facultar al Servicio Geológico Mexicano para realizar estudios de impacto social respecto de las áreas objeto de concesión y de asignación mineras, además de facultar a la Secretaría de Economía para declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras. Tras la noticia de esta posible reforma, las principales empresas mineras del país, entre ellas Grupo México, Peñoles, Autlán y Frisco reportaron pérdidas en el valor de sus acciones en la bolsa. “Las empresas grandes tienen mayor solidez ante los posibles cambios. Es de esperarse que la reforma represente un costo regulatorio mayor, pero las más grandes tienen protocolos para cumplir. Las que tienen mayor exposición son las pequeñas o aquellas donde la operación está mayormente concentrada en un gran proyecto”, dice Marie Fischer-Sabatie, analista de Moody’s. El Inegi indica que 70% de las unidades económicas del sector minero son microempresas con menos de 10 trabajadores, y que sólo el 2% tiene más de 250. Para la analista de Moody’s, uno de los cambios que podría generar mayor impacto es la obligatoriedad de realizar consultas en las comunidades antes de que se apruebe una nueva concesión minera. “Si bien estas consultas ya existen en otros países, como Perú, donde entraron en vigor en 2012, esta medida implica un costo en tiempo, lo que también aumenta la incertidumbre respecto a la posible aprobación de la concesión si no se llega a un acuerdo satisfactorio entre las empresas mineras y las comunidades”, indica. Quienes lideran los 45 conflictos argumentan que la instalación de proyectos mineros afecta la captación de agua y que el drenaje hídrico natural cambia el flujo de las filtraciones, alterando la calidad de las aguas por la contaminación por sedimentos y otros residuos mineros. Te puede interesar: Subsecretario de Minería descarta revisión total de concesiones ya otorgadas La propuesta de reforma también destaca que las minas deben contar con recursos para enfrentar este tipo de efectos y que tendrían que preparar un informe anual sobre el impacto social de sus actividades y dirigir los fondos a las comunidades que rodean sus operaciones.A los analistas les llama la atención que la regulación deja fuera el hecho de que, desde 2014, 80% del impuesto especial a minería se destina al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros. Hoy, el impuesto especial es equivalente a 7.5% de la diferencia positiva que resulte de los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva menos las deducciones permitidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta. El manejo de los recursos, sin embargo, es opaco. “Hay incertidumbre sobre el impacto de los fondos a nivel local. No se sabe si los proyectos están siendo implementados para atender las afectaciones socioambientales que generan las actividades extractivas. Encontramos vacíos importantes en la información. Urge que sean presentados bajo estricta transparencia”, expone el informe “Anuario de actividades extractivas”, elaborado por Fundar. “La iniciativa no se aleja de lo observado a escala internacional ni de la tendencia en materia regulatoria, además de que varias compañías ya dedican una parte sustancial de sus recursos para atender estos temas”, dice Alik García, analista de Intercam. Ahora la pregunta será si la ley avanzará y pondrá en riesgo el negocio del 70% de la industria minera, que es pequeña y tenderá a sufrir más ante la nueva regulación, o si el cabildeo de las grandes firmas y el gremio terminarán por mandar la iniciativa a la congeladora.