Reuters.- El responsable de la industria minera de México descartó que el nuevo gobierno federal busque implementar cambios drásticos en el sector, cancelaciones de concesiones o alzas a las regalías que pagan las empresas por la extracción de minerales.

A fines del mes pasado, las acciones de las principales mineras de México cayeron más de 10% después de que una senadora de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa para endurecer las reglas de la industria local.

El plan pretende obligar al gobierno a contar con el consentimiento de las comunidades indígenas antes de otorgar concesiones en sus territorios e incluye la posibilidad de cancelar los permisos si las empresas no presentan un informe anual sobre el impacto social de los proyectos.

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Sin embargo, el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, dijo que la llamada consulta indígena sería implementada exclusivamente para nuevos permisos y dejaría fuera a las concesiones que ya se encuentran en operación.

“Hay un tema de no retroactividad de la ley”, aseguró el funcionario en una entrevista telefónica. “Las empresas tienen sus derechos y ningún derecho va a ser vulnerado, ni el de las comunidades ni el de las empresas”, agregó.

Quiroga también descartó que el nuevo gobierno, que tomó posesión el 1 de diciembre, vaya a revisar el total de las casi 26,000 concesiones en el país en busca de anomalías, como propuso en el pasado López Obrador.

“A solicitud de parte, donde sea claro que las cosas no se hicieron bien, que se transgredió el orden jurídico, esas (concesiones) se revisarán para corregir”, aseguró.

México es el principal productor de plata del mundo y uno de los mayores de cobre y oro. El sector minero, que contribuye con el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, es destino de millonarias inversiones desde Estados Unidos y Canadá.

Quiroga aseguró que, por lo pronto, sus esfuerzos estaban centrados en simplificar trámites, promover nuevos proyectos e impulsar la exploración en el sector.

El funcionario también dijo que analizaba cambios a la fórmula de distribución del Fondo Minero, un millonario fideicomiso para las comunidades cercanas a los yacimientos, pero que las aportaciones que están obligadas a hacer las empresas permanecerían intactas.

 

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