Por José Luis Cerdán Díaz*

Los estudios sobre las organizaciones sindicales en México, en los últimos años, muestran diversas irregularidades formales y la extraordinaria fragilidad que padecen los trabajadores mexicanos, en su capacidad para la defender sus derechos elementales.

De acuerdo, por ejemplo, a los datos que publicó el Observatorio Ciudadano de la Reforma Electoral en octubre de 2018, apenas el 10 por ciento de los contratos colectivos laborales está activo. El resto, nueve de cada diez, pueden considerarse con el perfil requerido para ubicarlos en el rubro de “contratos de protección patronal”.

Es decir, contratos que los patrones firman con organizaciones sindicales no representativas (los líderes suelen no ser conocidos por los trabajadores que simulan defender) y que no se revisan periódicamente. El resultado es la indefensión de los trabajadores, que laboran bajo condiciones absolutamente indeseables y grupos mafiosos que impiden una organización real, en no pocas ocasiones mediante métodos violentos o intimidatorios.

Una parte importante de los contratos activos se ubica en el sector público. Muchos de éstos bajo liderazgos tradicionales (denominados “charros”) que tampoco ponen en primer lugar los derechos laborales, sino sus intereses políticos.

Todo lo anterior, pese a que en la reforma laboral de 2017, se establecieron normas para evitar estas irregularidades.

En buena medida esta situación explica el paradójico contraste: México es, en el concierto de las naciones integrantes de la OCDE, el país donde más tiempo laboran los trabajadores y en donde menos capacidad adquisitiva tienen sus salarios.

Sin embargo, no han dejado de circular los lugares comunes relacionados con la demonización de los sindicatos, señalándolos como los responsables de que las empresas mexicanas no progresen y que los inversionistas huyan del país. Las cantaletas sobre el “exceso” en las demandas, tienen un necio arraigo en el imaginario colectivo, quizá porque su impulso se reitera desde diversas fuentes de poder, incluidos no pocos medios de comunicación.

Fundadas en la ignorancia, ajenas la información concreta que demuestra lo contrario, esas versiones establecen un escenario ideal para condenar cualquier intento de activación de las organizaciones sindicales o el nacimiento de alguna nueva e independiente.

El escenario allana la tarea de mantener a raya las demandas de mejoras salariales y de condiciones de trabajo en general. Incluso bajo la perversa lógica de que, en otras circunstancias, esos empleos (precarios en muchos sentidos) desaparecerían o migrarían a lugares donde se aseguren ambientes aún más protectores del interés patronal.

Mientras tanto, el país crece con una orientación hacia las exportaciones, con un mercado interno débil, lento y que no garantiza mínimas condiciones de desarrollo equilibrado.

Con más de la mitad de la población en pobreza, con una tasa del 57% de la PEA en la economía informal, una masa creciente de subcontrataciones (outsourcing) y un sector rural prácticamente desactivado, el papel de los trabajadores organizados parece más que importante: es esencial para generar un entorno de crecimiento armónico y, sobre todo, más justo.

La movilidad social en México se detuvo hace décadas (la CEPAL publicó un estudio interesante al respecto el año pasado) y con trabajadores desorganizados, liderados por sus virtuales enemigos, difícilmente podrá retomarse una dinámica que nos ponga en la ruta del desarrollo que la nación requiere.

*Académico de Tiempo Completo de la Universidad Veracruzana. Estudió Comunicación y Sociología.

 

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