El fallido Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), concebido por los arquitectos Norman Foster y Fernando Púlido, nunca fue viable para su construcción en el Lago de Texcoco por la implicación de sus altos costos de construcción y mantenimiento debido a la mecánica del suelo y fundamentalmente porque no habría resuelto el congestionamiento del espacio aéreo de la Ciudad de México y su área conurbada, sentenció Javier Jiménez Espriú.
El primer secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador señala que el proyecto del NAIM ignoró razones de peso que cuestionaban su viabilidad y sólo quedó como una muestra de la grandilocuencia de la personalidad del expresidente Peña Nieto, cuyo gobierno instrumentó indebidamente licitaciones como la del diseño del aeropuerto, que pareció más bien una designación a gusto del Ejecutivo federal.
A poco menos de 20 días para la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) esbozó las razones que llevaron al presidente López Obrador a cancelar el NAIM, una de las obras magnas del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando el proyecto llevaba un 20% de avance de construcción en Texcoco, en el Estado de México.
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En su libro La cancelación: el pecado original de AMLO, el exfuncionario federal se centra en tres razones que le llevaron a concluir que el NAIM era un proyecto de infraestructura que a la postre implicaría un gasto enorme para las finanzas públicas por sus costos operativos y sólo echaría por la borda los esfuerzos para ampliar la capacidad aérea del centro del país a través de los aeropuertos de Toluca, Cuernavaca, Puebla y la Ciudad de México.
Refiere que a lo largo de las últimas décadas y debido a la compleja situación económica de México y del mundo, pasadas administraciones contribuyeron a que la infraestructura aérea metropolitana se debilitara a tal grado que hoy en día se vivan situaciones de saturación y subutilización de aeropuertos como el de la capital mexiquense.
De tal forma que de continuar con el avance en la construcción del NAIM, en lugar de ampliar la capacidad aérea de la zona, se concentraría y se cancelarían los aeródromos Benito Juárez y el de la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía.
Según la interpretación de varios estudios, entre ellos el de José Luege Tamargo, cuando se desempeñó como titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la administración de Felipe Calderón, dedicar los terrenos del Lago de Texcoco al aeropuerto implicaba un alto riesgo para la capital del país dado que ese suelo sigue siendo un importante vaso regulador de aguas pluviales y que previene mayores inundaciones en la Ciudad de México.
“Es de destacar la conclusión de este documento, donde se estima que el NAICM es altamente riesgosa para la ciudad, considerando que la zona es propensa a inundaciones y se vería afectado el refugio para aves migratorias que brinda el lago Nabor Carrillo”, menciona.
“El lago de Texoco no es compatible con otros usos de suelo, menos aun con la construcción de un aeropuerto”, concluyó Espriú.
También expone que la construcción de este complejo aeroportuario por parte de la administración de Peña Nieto nunca pretendió estar soportada con inversiones privadas y ser autofinanciable a través del cobro de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del AICM y el NAIM como se pretendió hacer creer a la opinión pública.
De acuerdo con el análisis de documentos presentados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), el proyecto se financió parcialmente con recursos presupuestales y con los provenientes de dos emisiones: una, de la colocación de bonos por 6 mil millones de dólares y una más de Certificados Fiducidiarios de Inversión e Infraestructura, ambos instrumentos implementados entre 2016 y 2018. Durante este último año, particularmente antes de la elección presidencial.
“Los títulos otorgaban a sus tenedores derechos corporativos en el GACM como si fueran acciones y no títulos de deuda, lo que hace pensar que la estrategia financiera era una cara estrategia de blindaje”, apunta Javier Jiménez Gutiérrez, hijo del exsecretario y quien hace el prológo del texto.
Uno de los bancos que participó en gran medida en la emisión tanto de los bonos como los certificados, abunda el texto de Espriú, fue Inbursa, que es propiedad del empresario Carlos Slim, y que fue activo en la defensa de que este proyecto llegara a su conclusión debido, especula Jiménez Espriú, a su interés en el desarrollo inmobiliario en los terrenos que dejaría el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), una vez que se concretara su inutilización por interferencia con el NAIM.
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Según el anecdotario de Jiménez Espriú, Slim habría concedido que a través del Fideicomiso de Inversión en Infraestructura y Energía, Fibra E, a los inversionistas se les había ofrecido una tasa de interés “especialmente atractiva” del 10% en términos reales.
La afore de Grupo Inbursa tenía un 44% de participación en el esquema de financiamiento suscrito con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
“Entramos a esto porque nos pidieron el financiamiento, y como nos ofrecieron magníficas condiciones y un interés del 10% real, aceptamos, ya que ¿en dónde obtienes un mejor rendimiento?”, habrían dicho los inversionistas, según Jiménez Espriú.
Según la narrativa, las dos etapas del NAIM implicarían un aumento en su presupuesto de 300 mil millones de pesos con 76% de los contratos asignados de manera directa sin tener en cuenta sus viablidades ambientales.
Jiménez Espriú advierte al momento de tomar la encomienda de resolver la viabilidad del proyecto, la empresa Parsons, quien tendía la gerencia del proyecto, informó que tan sólo la primera etapa del aeropuerto ya tenía una proyección de 16 mil millones de dólares, de los 13 mil 300 millones de dólares contemplados para las dos etapas de esta terminal, y que de no presentarse mayores complicaciones, entraría en operaciones en 2024 y no en 2020 como se tenía estimado.
‘Las cifras del capitán’
Otra de las motivaciones de Jiménez Espriú para escribir La cancelación: el pecado original de AMLO, editado por Grijalbo, fue el informe que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) lanzó el año pasado donde estimó que la cancelación del NAIM significó al erario un costo 298% más al reportado de 100 mil millones de pesos, y que contribuyeron a la narrativa de que su erogación fue un capricho del tabasqueño, mas no una necesidad técnica y presupuestal.
“No creo, aunque existe la posibilidad, que hayan hecho mal las cuentas, aún así sería lamentable que la Auditoría de la Federación hiciera mal las cuentas. Creo que se trata de una actitud politiquera, de que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores”, afirmó López Obrador en 2021.
De acuerdo con el análisis de la cuenta pública de 2019, la ASF estimó que cancelar el NAIM costó 331 mil 996 millones de pesos, no obstante, tras el cuestionamiento del presidente de la República, en un comunicado el órgano fiscalizador reconoció incosistencias metodológicas, por lo que el costo de cancelación, concedió la ASF, habría sido menor al reportado.
“Puede confirmar al señor presidente, de mi parte, que los datos que le dimos sobre el costo de cancelación del NAIM, son los correctos. Los datos de la ASF son ‘las cuentas del gran capitán'”, señaló Jiménez Espriú al defender el monto ante el presidente de la República.
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